Diario de León

Puigdemont, presidente del inventado Consejo de la República catalana

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Carles Puigdemont fue reelegido ayer en Canet de Rosselló (Francia) presidente del Consejo para la República, la pseudo organización institucional creada por el líder independentista para mantener un papel protagonista en la dirección del movimiento soberanista.

El expresidente de la Generalitat recibió el 87% de los votos de la asamblea de representantes, una especie de parlamento paralelo, que está integrado en toda esta estructura privada y paraoficial, sustentada por 100.000 seguidores que pagan su cuota de socios. Recientemente, el Consejo creó también un Ministerio de Exteriores.

«Asumo el cargo con responsabilidad y honor y emocionado como el día que fui investido presidente de la Generalitat», afirmó. Tras su elección para los próximos dos años, entre los ‘diputados’ se escucharon gritos a favor de «la terra lliure».

A pesar del fracaso del ‘procés’, el líder de Junts mantiene la retórica rupturista y reivindica el 1-O y el 27-O. Plantea el gobierno paralelo que dirige, desde el que se presenta como el «presidente legítimo» de Cataluña, como la única «institución republicana» capaz de generar un «punto de inflexión» en el ‘procés’.

NO SER DESPLAZADO

Puigdemont insiste en reclamar su papel como jefe supremo del movimiento secesionista, un rol que ERC y Pere Aragonès le niegan y que es el origen de las disputas en esta legislatura entre las dos fuerzas del Govern.

El posconvergente abogó por que el independentismo avance hacia la ruptura a partir del «liderazgo» del Consejo para la República, es decir, bajo su batuta, y sin depender de los partidos, de los que presume haberse «emancipado». Eso sí, se resiste a abandonar la presidencia de Junts, a pesar de que hubo miembros de la asamblea que se lo pidieron. No deja la dirección de su partido porque correría el riesgo de perder poder dentro del independentismo.

Puigdemont se ofreció, incluso, como representante del secesionismo en una hipotética mesa de negociación con el Gobierno central, con mediación internacional, como si la cuestión catalana fuera como un proceso de paz.

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