viernes. 27.01.2023

Era un 2 de octubre de 1984, cuando Jordi Pujol declaró en su confortable despacho de presidente de la Generalitat ante el juez por el ‘caso Banca Catalana’. El próximo 27 de enero volverá a verse ante otro magistrado imputado en la causa abierta por la fortuna familiar oculta en el extranjero. Pero ahora responderá como un ciudadano de a pie, sin las prerrogativas del gobernante y tendrá que desplazarse hasta un juzgado ordinario. Treinta años largos separan ambas citaciones y las circunstancias para el padre del nacionalismo moderno de Cataluña son la cara y la cruz; en 1984, con 54 años, estaba arropado en la cumbre del poder, ahora, con 84, soporta la intemperie del apestado.

Entre ambas declaraciones planea la sombra de don Florenci Pujol. El padre de Jordi, animado por su hijo, y el tratante de piedras preciosas Moisés Tenembaum pagaron 12 millones de pesetas de las de 1959 la minúscula Banca Dorca, nueve empleados y apenas 46 millones en depósitos. Fue el embrión de Banca Catalana, una entidad que en poco más de dos décadas logró hacerse un nombre en el firmamento financiero con dos millares de empleados y 260.000 millones de pesetas depositadas en 1981. Hasta que a comienzos de los ochenta el Banco de España detectó un agujero del orden de los 130.000 millones de pesetas, 780 millones de euros. El entonces fiscal general del Estado, Luis Burón Barba, ordenó en mayo de 1984 querellarse contra el presidente catalán pese a las reticencias de los fiscales catalanes. Como se ve, la escasa disposición del ministerio público en Cataluña a proceder contra Pujol no es una novedad. Ocurrió entonces y ahora con el 9-N.

En el ‘caso de Banca Catalana’, Pujol fue acusado de apropiación indebida de fondos del banco en el que nada más salir de la cárcel fue gerente.

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