Diario de León

Los Pujol, retrato de una época: 22 años de corrupción y casi 300 millones

El juez sienta en el banquillo al clan al completo tras constatar que la herencia del abuelo era una patraña y que todo venía del 3%. Son más de dos décadas de mordidas multimillonarias.

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, acompañado de su esposa. QUIQUE GARCÍA

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, acompañado de su esposa. QUIQUE GARCÍA

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En esas dos décadas el clan amasó un «patrimonio desmedido», en palabras textuales del juez de José de la Mata. Probablemente, una de las mayores fortunas ilícitas provenientes de la corrupción política de la historia contemporánea española. Casi inabarcable, hasta el punto de que el instructor ha preferido no valorarla y dar por buena la última estimación (muy a la baja) de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía del pasado verano cuando, tras meses de trabajo, se atrevió a aventurar que los Pujol tendrían una fortuna opaca de, al menos, 290 millones de euros, sin contar con los réditos que ese dinero les habría supuesto en intereses o inversiones.

Y es que son muchos años de corrupción y de cuentas en el extranjero por los que el que fuera presidente de la Generalitat, su mujer, Marta Ferrusola, y sus siete hijos se sentarán, probablemente en 2021, en el banquillo de la Audiencia Nacional después de que el pasado jueves el titular del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional diera por concluidos más de seis años de investigaciones. Unas pesquisas que han servido para acusar al clan de delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Una retahíla de ilícitos por los que cada uno de los nueve Pujol y los 18 colaboradores del clan podrían ser condenados a decenas de años de cárcel.

De la Mata y la UDEF aseguran tajantes en sus resoluciones y atestados de estos años que el clan usó su «posición privilegiada de ascendencia en la vida política/social/económica catalana en pro de acumular un patrimonio desmedido», pero lo cierto es que la época de oro de los imputados no corresponde exactamente con el periodo que el patriarca del clan estuvo al frente de la Generalitat. Jordi Pujol fue presidente entre 1980 y 2003, sin embargo la actividad de corte mafioso investigada fue entre 1992, cuando los Pujol comenzaron a abrir cuentas por doquier en Andorra, y 2014, cuando las primeras informaciones periodísticas empezaron a desvelar que aquel 3% que apuntó en su día Pascual Maragall había hecho multimillonaria a la familia del entonces ya exjefe de Gobierno autonómico. En la UDEF, no obstante, están convencidos de que las actividades corruptas del grupo comenzaron mucho antes de 1992, pero la apertura de las cuentas en el principado ha sido establecida como punto de partida para intentar acotar tal maraña de investigación.

Jordi Pujol Soley, hace ahora seis años, el 25 de julio de 2014, acorralado ya por las informaciones que apuntaban a que escondía en Andorra una fortuna opaca al fisco, hizo público aquel famoso comunicado en el que aseguraba que todo el dinero en el extranjero procedía de la herencia de su padre Florenci, fallecido en 1980. Aquel escrito marcó la senda de defensa judicial suicida del clan, obligado a defender a capa y espada desde entonces la increíble versión de que el origen de esa ingente fortuna venía de los ahorros del abuelo.

Herencia de Florenci

Ni Jordi Pujol ni Marta Ferrusola ni ninguno de sus siete hijos ni de su nutrido grupo de abogados fiscalistas de élite han podido presentar un solo documento de que siquiera una mínima parte de la ingente fortuna del clan procede de aquella famosa herencia de Florenci. «A lo largo de la investigación -señala el juez- no se ha aportado elemento alguno que permita contrastar la veracidad de esta versión, ni tampoco se ha suministrado explicación alguna razonable y contrastable por ninguno de las personas investigadas de esta familia sobre este particular», afirma con rotundidad De La Mata, harto quizás de haber pedido sin éxito a todos los ahora procesados que le aportaran un documento que avalara la tesis de la herencia.

Sin pruebas del dinero del abuelo, lo que la justicia sí que ha encontrado son indicios más que sólidos de que todo viene de la corrupción. La operativa, según la investigación judicial, era compleja a la hora de esconder esa fortuna pero extremadamente simple en el origen de dinero: mordidas por todas las adjudicaciones públicas que se movían en Cataluña, no solo de la Generalitat. El famoso 3%. Comisiones «directamente asociadas a actos administrativos de resolución por instancias de esa comunidad autónoma que engloban toda su administración, desde las consejerías de Gobierno a entes con personalidad jurídica propia vinculados, como puertos marítimos, consejos comarcales, diputaciones, ayuntamientos, etc.», según relató en julio de 2019 la Udef en el informe que, un año después, ha servido de base para procesar al clan.Dinero por favores, pero también a cambio de nada. Simplemente por «congraciarse» con la familia que movía los hilos de casi todas las concesiones de obras.

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