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¿Qué pasa con las macrogranjas?: contaminación, calidad y bienestar animal

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Las polémicas críticas del ministro de Consumo, Alberto Garzón, contra las conocidas como "macrogranjas" han abierto el debate sobre los efectos de estas explotaciones ganaderas intensivas en el medio ambiente, el bienestar de los animales o la calidad de la carne.

En una entrevista con 'The Guardian', Garzón acusó a la ganadería industrial de producir "una carne de peor calidad" con prácticas de "maltrato animal" y con "un impacto ecológico descomunal", afirmaciones que han suscitado dudas en la sociedad española sobre ese tipo de ganadería y han provocado una fuerte reacción en este sector productivo y en la esfera política.

¿Qué son las macrogranjas?

El término “macrogranja” no figura en ninguna normativa ni posee definición oficial, pero es empleado por organizaciones ecologistas para describir instalaciones de ganadería industrial o intensiva donde se cría a gran número de animales estabulados y alimentados por piensos para obtener la máxima producción de carne, leche o huevos al más bajo coste y en el menor tiempo posible.

Además, en España no hay datos oficiales globales que permitan conocer el número de explotaciones ganaderas de todo tipo que albergan desde centenares a miles de animales.

Así, el ministro de Consumo utiliza como ejemplo granjas con 4.000, 5.000 ó 10.000 cabezas de ganado, pero en el sector bovino solo destaca con un número de cinco cifras el proyecto para la explotación de 23.520 vacas lecheras en el municipio soriano de Noviercas.

El Ministerio de Agricultura contabiliza 115 explotaciones con más de 626 vacas lecheras y, entre las destinadas a la cría de terneros, 3.730 con más de 100 nodrizas, pero no hay datos específicos sobre las granjas bovinas de mayor dimensión, porque están exentas por ahora de informar sobre sus emisiones contaminantes.

Sí están obligadas a ello en cambio las explotaciones activas del sector porcino y avícola. De este modo, el inventario del Ministerio para la Transición Ecológica denominado Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes revela que hay más de 2.400 granjas con más de 2.000 plazas para cerdos de engorde de 30 kilos y 550 con más de 40.000 plazas para aves de corral.

¿Cuál es su impacto ambiental?

España es el país de la UE donde los ciudadanos tienen más carne a su disposición, con 98,79 kilos al año por habitante, según los últimos datos de la FAO.

Y, al menos en el sector porcino, durante los últimos 13 años se ha registrado en España un importante descenso del número de granjas pequeñas, al mismo tiempo que aumentaba la cantidad de grandes explotaciones ganaderas.

Con datos del Ministerio de Agricultura, el número de explotaciones porcinas reducidas cayó un 30 % durante la última década, mientras el de las más grandes crecía un 3 %.

¿Y cuál es su impacto en el medio ambiente? El sector agroganadero fue en 2020 el tercero con más peso en la emisión de gases de efecto invernadero en España, con un 14,1 % del total, por detrás del 27,7 % correspondiente al transporte y el 21,4 % de la industria.

Una actividad agroganadera que aumentó a lo largo del año estas emisiones el 1,2 %, principalmente como consecuencia del crecimiento de las cabañas ganaderas, "responsables del 64,8 % de las emisiones de este sector", debido sobre todo a las procedentes de la gestión de estiércol, como explica un informe de Transición Ecológica.

La ganadería aviar y porcina intensiva es la responsable de un 38 % del metano y de un 24 % del óxido nitroso emitido en España, dos gases de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global 21 y 310 veces superior al del CO2, respectivamente, según la Directiva de la UE sobre nitratos. Además, el metano fue el segundo gas con más peso en el total de emisiones españolas en 2020, un 14,3 % del total.

Para controlar el impacto ambiental de la ganadería, España utiliza un Registro Estatal donde figuran las más de 3.700 explotaciones de gran tamaño que informan de sus emisiones, pero que incluye solo a granjas de cerdos y aves de corral, porque las de ganado vacuno no están aún obligadas a facilitar esa información.

¿Incumplen límites de emisiones contaminantes?

El caso es que la Comisión Europea anunció en diciembre que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber adoptado medidas suficientes para combatir la contaminación por nitratos, después de advertir desde 2018 que este país incumplía la Directiva de 1991 sobre la materia.

Esta Directiva, de 1991, obliga a los Estados miembros a adoptar medidas para evitar que los nitratos de fuentes agrícolas contaminen las aguas subterráneas y superficiales, así como a establecer programas de acción que prevengan y reduzcan este tipo de contaminación.

España supera asimismo el techo fijado para las emisiones de amoniaco (NH3), un contaminante atmosférico generado en un 96 % por las actividades agrícolas y ganaderas y que, según advierte la Comisión Europea, daña la salud humana y el medio ambiente porque contribuye "al proceso de acidificación del suelo, la eutrofización de las aguas y la contaminación por ozono troposférico".

Con datos de Transición Ecológica, España superó en un 34 % el techo de 353 kilotoneladas de amoniaco vigente en 2019, al emitir ese año a la atmósfera 474,4 kilotoneladas, y la cifra ha seguido creciendo desde entonces un 2,7 %.

El ministerio confirma que el aumento de estas emisiones registrado desde 2013 está vinculado al "incremento de la cabaña ganadera" y al uso de fertilizantes.

¿Los animales sufren maltrato?

Respecto a las acusaciones de maltrato, el Consejo General de Colegios Veterinarios asegura que la ganadería industrial cumple las normativas europeas y nacionales de bienestar animal, tanto en la granja como en el transporte y el matadero, aunque organizaciones ecologistas denuncian que fomenta el hacinamiento extremo y la cosificación de los animales y ampara incluso tratos crueles.

La gestión de explotaciones porcinas intensivas con requisitos de bienestar animal está regulada en un real decreto de 2020 que limita además el número máximo de cabezas a 750 madres y 4.000 plazas de cebo. Otro decreto más reciente, de 2021, establece los criterios correspondientes a las granjas avícolas.

Para las explotaciones bovinas, el Gobierno ultima también un decreto que fijará condiciones de alojamiento y alimentación para evitar el maltrato animal y limitará la capacidad de las nuevas granjas -no de las ya existentes- a 725 vacas de ordeño o 1.400 terneros de cebo.

Pese al entramado de normativas nacionales y europeas para garantizar el bienestar animal, Greenpeace afirma que en las granjas porcinas es muy elevado el número de incumplimientos, muy escasas las inspecciones y muy pocas las instalaciones sancionadas. Incluso cuestiona la propia legislación por estar "hecha a medida de la industria" y permitir "que los animales vivan en condiciones penosas".

¿Es carne de peor calidad?

En cuanto a la calidad de la carne procedente de animales criados en granjas industriales españolas, es sometida a rigurosos controles, aunque no existen sistemas que permitan compararla de forma objetiva con la de la ganadería extensiva.

Los veterinarios recuerdan que cumple rigurosos controles sanitarios durante toda la cadena de producción y distribución. Y el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, subraya que no es de menor calidad que la del resto de la UE.

Pero ¿es peor que la de animales criados en explotaciones de ganadería extensiva? Lo cierto es que no hay métodos de evaluación objetivos que permitan medir la calidad de la carne en función de su procedencia, si bien la organización de consumidores Facua advierte de que sí es peor por factores como la inmovilización forzosa de los animales, su alimentación y los fármacos que se les administran.

Cumplir los requisitos de consumo, la reglamentación técnico-sanitaria y la normativa de etiquetado significa simplemente "cumplir un requisito mínimo de calidad", pero la carne de "un animal hacinado" es "mucho más grasa" y también es peor por el tipo de alimentación, señalan fuentes de Facua, que piden asimismo protocolos más estrictos sobre los fármacos que pueden recibir.

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