Diario de León

Redondo, Celaá, González Laya y Duque piden su indemnización

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Tres de los siete ministros que abandonaron el gabinete de Pedro Sánchez en la reciente crisis de gobierno han solicitado ya la prestación compensatoria a la que tienen derecho. Se trata de Arancha González Laya, Isabel Celaá y Pedro Duque, estos dos últimos con un patrimonio superior al millón de euros, según su declaración de bienes, que recibirán unos 4.990 euros brutos al mes durante los próximos dos años. En este tiempo, no podrán ejercer ninguna actividad pública o privada retribuida aunque renunciaran a la remuneración.

También ha solicitado su indemnización el exjefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, que obtendrá una paga de casi 8.000 euros mensuales, la cantidad correspondiente por los casi 120.000 euros anuales que percibía como nómina. Esa cifra podría facilitar sus planes de trasladarse a Estados Unidos y aprovechar el tiempo para escribir el libro que ya ha desvelado a su entorno que planea realizar sobre su paso por la Moncloa. Aunque sus más cercanos dan por sentado que volverá a la carretera mucho antes.

De todos los ministros que fueron cesados, sólo Carmen Calvo y José Luis Ábalos mantienen escaño en el Congreso y su intención, en principio, es ocuparlo en septiembre cuando se retome la actividad parlamentaria.

En las filas socialistas son muchas las voces que sitúan a la exvicepresidenta en la presidencia del PSOE a partir del próximo otoño o en el Consejo de Estado, en cuanto haya una plaza vacante.

Si Calvo cambia de idea y decide solicitar la prestación pertinente le correspondería una paga de 5.859 euros al mes durante 24 meses. En el caso del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, percibiría algo menos, unos 5.000 euros mensuales hasta 2023.

Se desconoce todavía si José Manuel Uribes, que fue relevado por Miquel Iceta al frente de Cultura, solicitará también su cesantía. En caso de hacerlo, percibiría 4.990 euros al mes. Quien seguro no la solicitará será Juan Carlos Campo. Después de más de veinte años dedicado a la política, el magistrado decidió volver a la carrera judicial y solicitar su incorporación a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde obtuvo una plaza en 2019 poco antes de recibir la llamada de Sánchez para sustituir a Dolores Delgado al frente de la cartera de Justicia.

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