miércoles. 30.11.2022
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La ministra de Igualdad, Irene Montero. J. J. GUILLÉN

Tras una pandemia que «ha agravado» la «deuda» que tiene el Estado con las mujeres y «la ausencia de políticas públicas de conciliación y corresponsabilidad», la ministra de Igualdad, Irene Montero, celebra que las feministas vuelvan a «teñir de morado» las calles este 8-M. En vísperas del Día Internacional de la Mujer, advierte que «siempre que se avanza en derechos para las mujeres, hay resistencia». 


—La pandemia ha supuesto un retroceso en la igualdad? 
—Hay un gran deber que tiene el Estado con las mujeres y que se ha visto agravado por la emergencia sanitaria que tiene que ver con la ausencia de políticas públicas de conciliación y corresponsabilidad. Las tareas de los cuidados, como hacer la compra o la comida, son esenciales para la vida y la economía. Ninguna economía resistiría muchos días sin que las mujeres hiciesen esas tareas. Todos necesitamos la higiene y el cuidado para poder vivir y sin embargo, siempre han permanecido fuera de los indicadores económicos. Esa es una deuda que el Estado tiene con las mujeres desde antes de la emergencia sanitaria, pero la pandemia la ha agravado. Por eso, en lo peor de la emergencia sanitaria desde el Ministerio de Igualdad planteamos el Plan Corresponsables, para asegurar la conciliación de las familias con hijos menores de 16 años. Decir las familias es decir las mujeres, que son quienes se ocupan mayoritariamente de los cuidados. 

«El gran deber del Estado con las mujeres se ha visto agravado por la emergencia sanitaria»


—¿Se plantean regularizar estos cuidados no profesionales? 
—Estamos trabajando no solo en que las tareas de cuidados se repartan más equitativamente entre hombres y mujeres, sino en que el Estado se haga corresponsable de esas tareas. 


—El retroceso de la natalidad también se ha visto intensificado por el coronavirus. ¿Cómo se puede frenar esta caída? 
—La mejor forma en la que un Gobierno puede proteger el derecho de las mujeres a decidir cuándo ser madres tiene que ver con garantizar los derechos que son fundamentales para vivir. Que las personas no vivan con la absoluta incertidumbre de si mañana tendrán trabajo o vivienda. Y eso se puede llevar a cabo con medidas muy concretas, como la subida del salario mínimo, garantizar el acceso a la vivienda o la estabilidad laboral. 


—¿Es cada nuevo caso de violencia machista un fracaso de las administraciones por no llegar a tiempo? 
—Precisamente la última víctima había pedido ayuda. Había confiado en el Estado y efectivamente hemos fallado. Por eso, por muchos avances que estamos haciendo siempre, que haya una mujer que está sufriendo violencia o siempre que no lleguemos a tiempo debemos revisar hasta el último protocolo para garantizar los derechos de esas mujeres.

 «Las generaciones más jóvenes hablan cada vez más de la salud sexuaL; antes era un estigma»


—¿El movimiento feminista llega a este 8-M igual de fuerte que cuando inundó las calles en 2020? 
—En todo movimiento social, y particularmente en el movimiento feminista, se ha echado en falta el contacto físico y la posibilidad de reunirse y construir juntas. Somos muy conscientes de la importancia de la presencialidad. Este 8-M las mujeres, las feministas, van a volver a teñir de morado las calles. Y nos va a sentar bien. 


—Con la nueva ley del aborto los hospitales públicos deberán tener un profesional para practicar abortos y habrá un registro de objetores. ¿Se han encontrado con un alto número de ellos? 
—En los hospitales públicos no se están practicando todas las interrupciones voluntarias del embarazo que se deberían hacer. La inmensa mayoría se practica en centros extrahospitalarios y en centros privados. Tenemos que hacer compatible un derecho individual y constitucional como es el derecho a objetar, pero debemos regularlo para que también se cumpla el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo.


—Que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno ha generado mucha crítica entre la oposición. 
—Las jóvenes entre 16 y 18 años en nuestro país pueden decidir por ellas mismas sobre su propia salud, incluso realizarse intervenciones a vida o muerte. Por tanto, es más que razonable que puedan decidir la interrupción voluntaria de sus embarazos si es lo que desean. Y que lo hagan con todas las garantías. Cuando se trata de reconocer y avanzar en derechos para las mujeres siempre hay resistencias. Ha pasado con todas las leyes feministas.


 —La bajada del IVA en los productos de higiene femenina es una medida que las mujeres llevan tiempo demandando. ¿Se va a llevar a cabo con la nueva ley? 
  —Nosotras lo hemos propuesto ya en varias negociaciones y lo seguiremos haciendo. Las generaciones más jóvenes hablan cada vez más de la salud sexual. Antes era una cuestión que se vivía desde el estigma y la vergüenza y ahora tiene que formar parte del debate público. Una de las cuestiones que tenemos que abordar es la discriminación y la vulneración de derechos que sufren muchas mujeres que no pueden acceder a los productos relacionados con la salud menstrual que querrían por una cuestión económica. Tenemos que ser capaces de que haya una distribución gratuita en las escuelas e institutos y de que su gratuidad esté garantizada para las mujeres más vulnerables.


 —La ley trans lleva meses parada. ¿Cree que va a salir adelante tal y como está en el anteproyecto o teme otro dictamen negativo del Consejo General del Poder Judicial? 
  —Cuando el Consejo General del Poder Judicial emita sus informes los leeremos y trataremos de que sirvan para mejorar nuestras leyes. No estoy contenta con los retrasos que sufre sistemáticamente la tramitación de todas las leyes feministas que se impulsan en nuestro país. Pero la ley, que ha implicado renuncias en el proceso de negociación para conseguir ese acuerdo, es una buena ley. 

«Cuando el Poder Judicial emita sus informes los leeremos y trataremos de  mejorar nuestras leyes»


  —La decisión de Pedro Sánchez de enviar armas a Ucrania ha provocado tensiones entre los socios del Gobierno. 
  —Todo el mundo, no solamente en el Gobierno, nos estamos preguntando ahora mismo cuál es la manera más efectiva de pararle los pies a Putin y de proteger los derechos de la población ucraniana. Tenemos una posición muy clara y pensamos que el envío de armas no va a ser eficaz para cambiar la correlación de fuerzas con el Ejército de Putin y que la única medida eficaz es apostar por las vías de negociación y del acuerdo de paz. 


  —¿Le preocupa que esta guerra se amplíe a mayor escala? 
  —Desde luego, la alternativa al acuerdo de paz es una escalada bélica que puede derivar en un conflicto global que tenga aún peores consecuencias.


—¿Cuál debería ser la posición de España ante los refugiados? 
  —España es país de acogida. Tenemos que desplegar todos los mecanismos para que existan vías seguras de entrada a territorio europeo y para que podamos garantizar los derechos de todas las personas que están emprendiendo caminos y viajes muy difíciles. 

«Hay resistencia al avanzar en derechos de las mujeres»
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