La reunión con Cs abre una nueva brecha en el Gobierno con Podemos

Podemos y sus confluencias siguen urgiendo a su socio de Gobierno de coalición, el PSOE, a modificar el delito de sedición en el Código Penal, por el que fueron condenados los políticos independentistas catalanes en el juicio del 1-O. Una condición que quedó sepultada por el peso de la pandemia pero que ya se había negociado cuando ambas formaciones llegaron a un acuerdo para investir a Sánchez.

Ayer, el presidente del grupo parlamentario morado en el Congreso, Jaume Asens, avanzó que desde su partido, En Comú, habían enviado una propuesta a los socialistas para que aceptaran que este delito se condicione exclusivamente a la existencia de una violencia explícita.

La propuesta reduciría el ámbito de aplicación del delito de sedición y sólo podrían ser encausados aquellos que usaran para tal fin armas u otros instrumentos «aptos para poner en grave riesgo la vida de las personas o causar lesiones graves». También, según recoge el escrito, la reforma sustituiría el concepto «alzamiento tumultuario» por el de «alzamiento» a secas.

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La intención de los comunes, explicó Asens en una entrevista con Catalunya Radio, es la de «desactivar» no sólo el delito que fue la base de la condena a los presos independentistas, sino también tratar de impedir que en el futuro pueda ser utilizado contra movimientos sociales y activistas.

Asens señaló que, si bien los comunes y el grupo de Unidas Podemos prefería directamente abolir el delito de sedición del Código Penal, son «realistas» y saben que no cuentan con la mayoría suficiente en el Congreso para impulsar esta medida. El líder de los comunes también insinuó que esta reforma facilitaría la libertad de los presos independentistas con más garantías que una amnistía con «muchas dificultades de encaje jurídico» y dejaría la decisión final en manos del Tribunal Constitucional.

Otra de las propuestas integradas en la petición es la supresión del artículo 315.3 del Código Penal, que establece prisión en caso de que se produzcan coacciones para hacer una huelga. Esto, según Asens, «supone la criminalización de los piquetes informativos y produce un efecto de desaliento en el ejercicio del derecho de huelga».

El acercamiento de Pedro Sánchez a Ciudadanos, que ha ascendido en apenas dos meses de socio ocasional a la categoría de preferente, ha hecho saltar las costuras del Gobierno de coalición. La buena sintonía exhibida con los liberales con los que la vicepresidenta primera Carmen Calvo se reunió este lunes en el Congreso, con la vista puesta en la negociación de los Presupuestos del Estado, ha despertado los recelos de Unidas Podemos. En el grupo confederal no gustó que en la cita no estuviera presente ninguno de sus ministros pese a que Calvo intentó rebajar la tensión argumentando que el Ejecutivo es uno solo, y que cuando hay un miembro, «está todo el Gobierno».

Pero las aguas, lejos de calmarse, se agitaron con fuerza. La cúpula morada salió en tromba para marcar terreno y advertir a los socialistas de la «insensatez» de cambiar de aliados». La número dos de Podemos, Irene Montero, acusó al PSOE de descuidar a la coalición, «mirar hacia la derecha» e incluso incumplir el «acuerdo de gobierno» que Sánchez selló el pasado diciembre con Pablo Iglesias. La titular de Igualdad atacó también a Ciudadanos por gobernar «gracias a Vox», una alianza que, en su opinión, no hace «creíble»que vayan a apoyar las políticas centrales del Gobierno de coalición. «Cumplir el acuerdo de gobierno implica cuidar la mayoría parlamentaria que lo hizo posible», zanjó Montero en Twitter.

Poco después, el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, ahondaba en la crítica al apuntar que los acuerdos que los miembros socialistas del Gobierno alcancen con la formación de Inés Arrimadas solo «comprometen al PSOE». Tras él, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Alvarez, advertía de lo «desastroso» que sería poner en marcha las «ocurrencias» económicas de los liberales.

«No es tiempo de vetos, ni de ponernos medallas o de tratar de salir en la foto», advirtió el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal. Según explicó, la reunión, que ya estaba prevista desde hace tiempo, se mantuvo con el mismo formato y con los mismos participantes que la que tuvo lugar en junio. Por parte del Gobierno, asistieron Calvo, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, el secretario general de Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla. Del lado naranja, el propio Bal, la secretaria general Marina Bravo, y sus vicesecretarios Carlos Cuadrado y José María Espejo, de la máxima confianza de Arrimadas, de baja por maternidad.

SIN VETOS

En la dirección naranja niegan el veto a Podemos y recuerdan que ningún ministro morado tiene competencias directas en la lucha contra el coronavirus, de ahí que no hayan estado presentes en ninguna de las dos citas. «Cuando tuvimos que hablar la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, de Podemos, para desvincular los erte del estado de alarma lo hicimos sin problemas», insisten.

La posibilidad de sumar al partido liberal a las cuentas divide al Gobierno. Sánchez no quiere cerrarse ninguna puerta antes de tiempo y ha decidido estrechar sus lazos con los liberales, consciente de que su solvencia está en juego, pero sin renunciar a ERC. Iglesias cree que los naranjas son «incompatibles» con su proyecto y que es necesario «rearmar» la mayoría de la investidura. ERC, por su parte, exige al Gobierno que ponga sobre la mesa una «contrapartida política» ante el conflicto catalán para sentarse a negociar.