Los Reyes continúan su gira autonómica sin dar respuesta a la crisis de Juan Carlos I
Zarzuela se decanta por retrasar cualquier decisión mientras Unidas Podemos carga las tintas contra la Corona
Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía en Mérida. BALLESTEROS
Los Reyes finalizarán este jueves en Asturias, tras visitar mañana Navarra y el miércoles Cantabria, su gira por las diferentes comunidades autónomas para conocer su realidad tras el impacto de la pandemia antes de poner rumbo a Palma de Mallorca para disfrutar de unos días de descanso. Previsiblemente, llegarán a la isla balear a principios de agosto sin que Felipe VI haya dado salida a la crisis institucional que se ha instalado en la Corona tras conocerse la presunta fortuna amasada por Juan Carlos I en Suiza y en paraísos fiscales, fruto del supuesto cobro de comisiones y de actividades financieras ilícitas.
Desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificase de «inquietantes» y «perturbadoras» las últimas informaciones sobre el anterior monarca, las presiones para que el Rey adopte nuevas medidas sobre su padre, a pesar de que en estos momentos no hay ninguna acusación ni procedimiento judicial abierto contra él, no cesan.
Con el país confinado en sus casas y pendiente del coronavirus, don Felipe decidió romper amarras con su progenitor y resolvió renunciar a su herencia y retirar a Juan Carlos de Borbón la asignación oficial. Dos medidas extremas con las que el monarca puso un cortafuegos para proteger la institución que comanda, pero que tras el aluvión de informaciones sobre el comportamiento presuntamente irregular -en materia económica y fiscal- del rey emérito parecen insuficientes. Desde diferentes ámbitos, incluido el Ejecutivo, se ha instado a la Zarzuela a que tome medidas para desgajar a Juan Carlos I del tronco de la Corona y así blindar la figura de Felipe VI. La retirada del título honorífico de rey y su expulsión de la familia real son algunas de las medidas ejemplarizantes que tiene el actual monarca sobre su mesa. Aunque la decisión final no está en manos de Sánchez y su gabinete — «el Gobierno no otorga el título de Rey», recordó la vicepresidenta Carmen Calvo— su puesta en práctica requiere la intervención del Ejecutivo. Para hacerlo efectivo sería necesario, con el beneplácito de don Felipe, que el Consejo de Ministros aprobara un nuevo decreto ley o modificase el aprobado en junio de 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy en el que se regulaba los honores y títulos de la familia real.
Pero no es la única respuesta que se estudia. La salida de Juan Carlos I del Palacio de la Zarzuela, propiedad de Patrimonio Nacional, para trasladarse a un domicilio particular se da casi por descontada siempre que se garantice su seguridad. La opción de vivir en otro país no parece factible, toda vez que sería un exilio encubierto, al que, según personas del entorno de don Juan Carlos, éste no estaría dispuesto.
Munición republicana
El rey emérito considera que las noticias que han trascendido sobre sus actividades financieras en el extranjero y el supuesto cobro de comisiones forman parte de una campaña, y está preocupado, no tanto por lo que se diga sobre él, sino por el desgaste institucional que puede suponer este escándalo para su hijo y su nieta la Princesa de Asturias. Unas revelaciones que han servido, además, de munición a Unidas Podemos para reabrir el debate entre monarquía y república pese a la negativa de su socio de Gobierno. «La Jefatura del Estado no está en cuestión», zanjó la vicepresidenta Calvo el pasado miércoles en el Congreso.
La Corona es el principal escollo entre las dos almas del Ejecutivo. A lo largo de la legislatura, la formación morada ha respaldado hasta en tres ocasiones que la Cámara baja investigue las finanzas de Juan Carlos de Borbón mientras el PSOE se ha negado a indagar sobre los negocios que pudo hacer durante el periodo en que ocupó la Jefatura del Estado. Distinto son los socialistas en Cataluña, donde el PSC apoyó hace unos días una iniciativa municipal que insta al Congreso a investigar al emérito y sus presuntas irregularidades. Mientras Pedro Sánchez enfría las ansias de su vicepresidente Pablo Iglesias de «una república plurinacional», la pelota está en el tejado del Rey, que no tomará ningúna decisión en caliente y se decanta por esperar, si no hay novedades judiciales.