Sánchez afronta en Ceuta la mayor crisis migratoria y diplomática desde la Transición

La tensión volvió ayer al Consejo de Ministros. El Gobierno de Pedro Sánchez tenía sobre la mesa la mayor crisis diplomática y migratoria desde la Transición por la entrada de cerca de 8.000 marroquíes en Ceuta ante la pasividad, y hasta colaboración. de las fuerzas de seguridad magrebíes. Un bombazo político que ni los servicios de inteligencia ni las fuerzas de seguridad ni el cuerpo diplomático vieron venir. Una crisis «inusitada», confesó el presidente.

Sánchez suspendió un viaje a París, canceló su agenda y se desplazó a Ceuta, y también a Melilla; la ministra de Asuntos Exteriores pidió explicaciones a la embajadora marroquí; se constituyo un gabinete de crisis en la Moncloa y otro de coordinación en Interior; se activaron los resortes de la «alta diplomacia», se supone que del rey Felipe VI con Mohamed VI, y ante la Unión Europea; el Ejército se desplegó en la playa del Tarajal; y el jefe del Ejecutivo incluso se puso en contacto con el líder de la oposición.

El Gobierno trató en un primer momento de acotar la crisis al terreno migratorio y buscó minimizar el alcance de los hechos. «No me consta», fue la escueta respuesta de Arancha González Laya al conocerse el lunes la llegada de los primeros centenares de inmigrantes irregulares. Pero Sánchez dio ayer la verdadera dimensión de la crisis con una declaración institucional en la que reconoció el alcance diplomático y de seguridad nacional de la situación. Garantizó «la máxima firmeza» en la respuesta y prometió poner «todos los medios necesarios» para garantizar la integridad territorial de España, la inviolabilidad de las fronteras y la seguridad ciudadana.

Aunque utilizó la palabra «desafío», el presidente del Gobierno recurrió al lenguaje diplomático para atemperar los ánimos con Marruecos, «un país socio y amigo» al que España dedica una atención preferente, «y así debe seguir siéndolo». En paralelo, la ministra de Asuntos Exteriores citó en su despacho a la embajadora de Marruecos, Karima Benyaich, para pedir explicaciones por la apertura de la frontera. Transmitió a la diplomática «el disgusto y rechazo» del Gobierno por la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, y reclamó el «compromiso» de Marruecos para recibir a las personas que sean devueltas por España. Pero no debió ser una reunión apacible. Poco antes de la cita con la ministra, Benyaich avisó al Gobierno de Sánchez: «Hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir».

La embajadora tocaba así al epicentro de la crisis, un epicentro que el Gobierno no quiere ni verbalizar. Se refería al ingreso en un hospital de Logroño de Brahim Gali, el líder del Frente Polisario, el movimiento independentista del Sáhara Occidental. El pasado 18 de abril, un avión procedente de Argel aterrizó en Zaragoza. Su pasajero era Gali, enfermo grave de covid. Fue trasladado al hospital San Pedro de la capital riojana con identidad falsa. Pero la operación secreta de Madrid y Argel fue destripada a los pocos días. Marruecos protestó ante España y la ministra de Asuntos Exteriores alegó «razones humanitarias». Rabat tomó «buena nota» y aguardó el momento de dar su respuesta.