lunes. 15.08.2022

Sánchez apoya la ley que borra el español de la escuela y exige catalán en el Senado

El Gobierno pedirá a la Eurocámara que la lengua catalana sea considerada de pleno derecho en las sesiones plenarias
                      Imagen de las dos delegaciones antes de la reunión. J. J. GUILLÉN
Imagen de las dos delegaciones antes de la reunión. J. J. GUILLÉN

El Gobierno ha plasmado por escrito su apoyo a la ley aprobada en el parlamento catalán que suprime el 25% del uso del castellano en las aulas y además se ha comprometido a garantizar que las instituciones del Estado en Cataluña respondan tanto oral como escrito en catalán a quien lo solicite. Así lo recoge el acuerdo para la protección de esta lengua alcanzado por el Ejecutivo y el Govern tras la mesa de dialogo celebrada este miércoles.

Además, se abre la puerta a revisar en esta legislatura el reglamento del Senado para que los parlamentarios puedan utilizar todas las lenguas cooficiales en sus intervenciones en la Cámara Alta. El Gobierno también va a solicitar al Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso y facilitará la incorporación de miembros de la Generalitat en las delegaciones a foros internacionales que traten políticas lingúisticas.

Así queda recogido en el texto pactado por ambos gobiernos, —que también alcanzaron otro acuerdo para «superar la judicialización— cuyas delegaciones se han reunido en La Moncloa durante una hora y 45 minutos. A continuación, el ministro Bolaños ha explicado, en materia lingúistica, que la protección del catalán es una obligación y, en consecuencia, se garantizará que todos los alumnos tengan su pleno conocimiento al igual que el español.

De esta forma, el Gobierno Central reconoce la autonomía de cada centro escolar para reforzar una y otra lengua en función de su contexto social y cultural, como recoge la ley del catalán aprobada por el 80% del Parlament, según destacó Bolaños. Esta norma ignora una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que establece un mínimo del 25% de clases en castellano. A este respecto, el ministro ha elogiado dicha ley al señalar que es un «muy buen ejemplo» de los acuerdos amplios y transversales que defiende el Gobierno. Asimismo ha sostenido que es una norma «perfectamente adecuada a la Constitución y al marco estatutario», según ha expresado.

INCONSTITUCIONALIDAD

Sin embargo, el TSCJ señaló a principios de este mes que ve «vicios de inconstitucionalidad» en la ley y anunció que presentaría una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Advirtió además de la «imposibilidad legal» de ejecutar la sentencia que obliga a impartir un 25% de horas lectivas en castellano porque se contradice con la nueva normativa catalana sobre uso de lenguas oficiales en la enseñanza.

Bolaños también afirmó que garantizarán el derecho de todos los ciudadanos a ser atendidos en la lengua oficial de su elección, especialmente en las comunicaciones orales y escritas ante la administración pública. En esta línea, el documento señala que «el Gobierno de España promoverá, durante la presente legislatura, las reformas normativas necesarias para garantizar la plena disponibilidad lingüística y el derecho de ser correspondido oralmente y por escrito en catalán en la administración periférica del Estado». Se refiere a las oficinas y los servicios de la administración del Estado en Cataluña, como la Agencia Tributaria y la Policía Nacional entre otros, según precisan fuentes de Moncloa. El titular de Presidencia ha señalado además que se impulsará un cambio en el reglamento del Senado para habilitar el derecho de los parlamentarios a expresarse lenguas cooficiales, así como pedir a la Eurocámara que el catalán sea considerado como lengua de pleno uso en las sesiones plenarias.

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