Sánchez y Aragonès sacan la ‘carpeta Puigdemont’ de la mesa de Cataluña

El presidente de la Generalitat catañana, Pere Aragonès, dio ayer por hecho que de la próxima reunión de la mesa de diálogo sobre Cataluña, prevista para finales de julio, saldrán «acuerdos parciales» en materia de «desjudicialización» de la política, lo que el independentismo llama «carpeta de la represión».

Tras su reunión por la mañana en la Moncloa con Pedro Sánchez, Aragonès no quiso dar detalles de cuáles son los ámbitos en los que están trabajando. La «voluntad» es que haya avances en esta materia, se conjuró en una comparecencia desde la delegación de la Generalitat en Madrid, como es costumbre en los dirigentes independentistas, que nunca intervienen desde la Moncloa. Espero «hechos y concreciones», afirmó. «Hay que empezar a abordar el fin de la represión, dando forma a los primeros acuerdos parciales y avanzar en este ámbito», añadió.

Su propuesta en este sentido es una ley de amnistía, pero ha puesto el acento en las «causas abiertas» a los independentistas, en las que la Fiscalía y la Abogacía del Estado pueden influir o en multas. En cambio, quiso dejar muy claro que la llamada ‘carpeta Puigdemont’ no estará sobre la mesa.

«No negociaré su situación», afirmó tan solo un día después del varapalo del abogado general de la UE a la estrategia del expresidente de la Generalitat, que podría ser extraditado. Aragonès tampoco quiso dar su opinión sobre una posible reforma del delito de sedición, propuesta que hizo el Gobierno hace meses, pero que guardó en un cajón tras la concesión de los indultos hace un año.

De momento, el Govern evitó dar por normalizadas las relaciones con el Gobierno. Según Aragonès, que habló de una reunión «importante», «correcta» y en un clima de «respeto», «marcada por las dificultades del momento», la normalización que la Moncloa afirma que ya hay se producirá «si hay acuerdos concretos» en la mesa. «Si hay avances, se podrá normalizar la relación», declaró. El presidente de la Generalitat, que congeló relaciones con el Gobierno a raíz del estallido del ‘caso Pegasus’, valoró que el presidente del Gobierno se haya comprometido a colaborar en los procedimientos abiertos por la justicia sobre el llamado ‘catalangate’, entre ellos una querella presentada por el propio dirigente republicano. Y advirtió al presidente del Gobierno de que abordar la «desjudicialización» es importante, pero no resuelve la «raíz» del conflicto, que es a su juicio, la cuestión de la soberanía y la reivindicación nacionalista de un referéndum de autodeterminación.

De cara a la reunión de la mesa, Aragonès tratará de convencer a Junts para que acuda a la cita. «Mi voluntad es que se impliquen», dijo.

La mesa llega en un momento muy tenso para el Govern catalán. Junts reitera que no está dispuesto a participar salvo que se acepten sus condiciones, que son que se puedan integrar en la delegación miembros ajenos al Gobierno catalán. Tanto el Gobierno como Aragonès se niegan, lo que sirve a los junteros de excusa para cargar contra la mesa y para afirmar que han sido vetados. Intentaron dinamitar el diálogo desde el primer día y ahora ya es difícil que rectifiquen.

El otro punto de conflicto es la acusación de Laura Borràs. En cuanto llegue su procesamiento, es posible que en otoño, la decisión de apartar a la presidenta del Parlament la tendrá la Mesa de la Cámara catalana y más en concreto ERC. Una bomba de relojería en el seno del Govern.

El entorno de Borràs amenaza con hacer saltar el Gobierno catalán si Esquerra la deja caer. Aunque el sector posconvergente es más cauto. Aragonès, en cualquier caso, necesita llegar al ecuador de su mandato, coincidiendo con las elecciones municipales de 2023, con avances en la mesa de diálogo. Necesita poder justificar ante la parroquia soberanista que la apuesta pragmática y de colaboración con el Gobierno da frutos.

Los republicanos facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, aprobaron los Presupuestos y esta semana han validado el decreto anticrisis, la reforma exprés del Poder Judicial (CGPJ) y se han abstenido en la ley de memoria democrática. La otra patata caliente en las relaciones entre ERC y Junts es Carles Puigdemont.

El ministro Miquel Iceta, en sendas entrevistas en medios catalanes, recomendó al expresidente que regrese a España, se ponga a disposición de la justicia y, si es condenado, el Gobierno ya valorará posibles salidas como los indultos. Pero el propio expresidente catalán se niega, si bien Junqueras también rechazaba en su día las medidas de gracia. No obstante, una hipotética extradición de Puigdemont, si el Tribunal de Justicia de la UE acaba sentenciando en la línea del abogado general, haría salta por los aires la legislatura catalana.

Puigdemont avisó a Aragonès de que nadie negocia en su nombre su situación legal y en estos términos se ha expresado el presidente de la Generalitat, evitando el choque con el líder de Junts.