Sánchez asume que no tendrá respaldo judicial para dar los indultos del ‘procés’

Es más que probable que la Fiscalía y el Supremo informen en contra de la concesión del indulto a los nueve líderes del ‘procés’ condenados. En ese escenario, si Pedro Sánchez apuesta por la medida de gracia, lo hará sin el paraguas de la acusación pública ni del tribunal sentenciador, pero la opinión más extendida entre los socialistas es que no se va a escudar en esa negativa para rechazarla.

Sánchez defiende desde que llegó a la Moncloa que «el conflicto político» en Cataluña requiere una «solución política». Mantiene que una respuesta limitada a los tribunales como única vía, la estrategia seguida por el Gobierno de Mariano Rajoy, ha demostrado que conduce a un callejón sin salida.

El domingo, Sánchez dijo en una entrevista con ‘El Periódico’ que está dispuesto a dar «los pasos que tenga que dar» para facilitar el «reencuentro y la reconciliación» con los independentistas. Unas palabras que abonan la tesis de que está dispuesto a conceder los indultos.

Una medida que, cuando llegue, tendrá un alto coste político para los socialistas, pero Sánchez, afirman fuentes socialistas, está dispuesto a asumirlo. Como ha hecho, recuerdan estas fuentes, en el acuerdo con Esquerra y Bildu para los Presupuestos.

Lo que no va a hacer es forzar el calendario, algo que, por otra parte, no puede, aunque se lo reclamen su socio de Gobierno, Podemos, y el aliado presupuestario, Esquerra, que presionan para que la medida de gracia sea una realidad antes de las elecciones catalanas del 14 de febrero. «Los plazos, los tiempos, no los marca el Gobierno, se marcan en este caso por parte de la justicia», puntualizó Sánchez en la entrevista.

Esos plazos no son inmediatos, de cuatro a seis meses apuntan en el Ministerio de Justicia. La Fiscalía comenzará a estudiar los expedientes en los próximos días, tarea que recaerá en Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, los acusadores en el juicio del ‘procés’.

En el Ministerio Público ven muy improbable un informe favorable, y recuerdan que durante el proceso los fiscales pidieron una condena por rebelión, el delito más grave, que el tribunal desestimó. Además reclamaron que los acusados no pudieran acceder al tercer grado hasta cumplir la mitad de la pena.

La Sala tampoco lo aceptó. La Fiscalía también se opuso la semana pasada al régimen de semilibertad. Con estos antecedentes, es poco realista pensar en una postura a favor de los indultos.

El Supremo, por su parte, va a esperar a conocer los criterios del Ministerio Público antes de fijar su postura para las siete peticiones de gracia solicitadas para los nueve reos. Las solicitudes llevan la firma de la UGT, los expresidentes del Parlamento catalán, y de un abogado.

El precedente de la anulación del tercer grado decidido por la Sala de lo Penal de la Corte tampoco apunta hacia una resolución favorable a los presos. El Supremo consideró «prematura» la petición del régimen de semilibertad, además de no darse la condiciones para un tratamiento indulgente. Si esas fueron sus razones para revocar el tercer grado, no es descabellado pensar que su dictamen para el indulto será aún más rotundo.

EN MANOS DEL PRESIDENTE

La posición de los fiscales y el tribunal sentenciador no es determinante para el Consejo de Ministros, que tiene la prerrogativa de decidir sin tomar en cuenta sus informes, aunque no es lo habitual. Desde julio de 2018, el Gobierno de Sánchez ha concedido 67 indultos de los más de 3.000 solicitados, y solo en dos ocasiones en contra del criterio de la Fiscalía y del tribunal.

Sánchez, junto a las razones de estrategia política para buscar una salida al conflicto catalán, ha tejido un difícil acuerdo con Esquerra, y también con el PDeCAT, que se vería comprometido con un rechazo al indulto. Un entendimiento presupuestario que Unidas Podemos quiere que sea de legislatura, un paso que el líder socialista es remiso a dar. Pero tampoco puede arriesgarse a quedarse sin esos apoyos, al que seguiría Bildu, y poner en riesgo la estabilidad del Gobierno. La carta de Ciudadanos es un albur, además de insuficiente para garantizar la mayoría parlamentaria.