Sánchez bate todos los récords de gobernar a golpe de decretos-ley de la democracia
El presidente y Podemos aplazan sus diferencias sobre la Otan y el gasto en Defensa hasta después del Debate de la Nación
Pedro Sánchez con la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, ayer en Ginebra. MARTIAL TREZZINI
Pedro Sánchez gobierna a golpe de decreto-ley. El actual presidente ha batido, por mucho, todos los recórds de uso de esta fórmula para activar normas sin el aval y sin la discusión previa del Parlamento, que no obstante debe convalidar posteriormente el articulado. Un informe publicado este jueves por la fundación Civio, la primera organización en España especializada en vigilar a los poderes públicos, revela la fuerte querencia de Sánchez por los decretos-leyes, tanto en número como, sobre todo, en volumen.
Según Civio, desde que Pedro Sánchez llegó al poder se están aprobando una media de 918 páginas decretos-leyes cada año. Un volumen que es 14 veces superior a las 63 página por año de las legislaturas de José María Aznar (1996-2004), ocho veces a la época en Moncloa de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) cuando se emitieron una media de 115 páginas anuales de decretos, y prácticamente el triple de los 333 folios anuales de decretos que se firmaron durante la presidencia de Mariano Rajoy (2011-2018).
Los expertos de la fundación ponen el acento en que los ejecutivos de José María Aznar (15 al año), Jose Luís Rodríguez Zapatero (14) y Mariano Rajoy (17) aprobaron casi el mismo número, pero la diferencia entre ellos es que el número de páginas se ha ido multiplicando, llegando a récords sin parangón con Sánchez, que en 2020, el primer año de la pandemia, llegó a aprobar 39 decretos ley que sumaron 1.335 páginas.
El estudio reconoce que, obviamente, la situación excepcional provocada por la crisis mundial por la covid, puede explicar el uso intensivo de forma de legislar al margen del Parlamento ( de hecho en el primer año de pandemia solo salieron del Congreso 14 leyes). Incluso, admiten los expertos de Civio la actual crisis inflacionista podría justificar en parte este exceso de decretos. Pero la fundación desvela que la afición de Sánchez a gobernar sin el visto bueno previo del Parlamento viene de antes. Nada más llegar a Moncloa, sin crisis económica y sin virus, el actual presidente sumó en los últimos seis meses de 2018 un total de 594 páginas en 24 normas, frente a los cuatro decretos y 67 páginas en total del primer semestre de ese año, cuando aun gobernaba Rajoy antes de perder la moción de censura.
De hecho, el récord absoluto de extensión de un decreto en democracia, también del Gobierno de Pedro Sánchez es anterior a la pandemia. Fue el 5 de febrero de 2020, antes de que la pandemia lo cambiara todo, el Gobierno aprobó un decreto ley de 252 páginas para transponer seis directivas europeas y, de paso, relajar las reglas de los contratos públicos.
El actual presidente del Gobierno es especialmente aficionado a esos megadecretos en los que se incluyen todo tipo de materias de los más dispares. De hecho, de los cinco decretos ley aprobados desde 1996 que superan el centenar de páginas, cuatro llevan la firma del gobierno actual. El pasado marzo y a cuenta de la guerra de Ucrania y sus repercusiones económicas —recuerda Civio— el Gobierno alumbró un texto de 160 páginas con el que se modificaron 39 normas de muy diferente naturaleza.
En bloque El estudio alerta de forma particular del abuso de esos megadecretos con popurrí de materias porque el Congreso está obligado a ratificarlo en bloque. Al contrario que la tramitación de las leyes, en las que se pueden presentar enmiendas a artículos concretos, estas normas se convalidan por el Congreso de una sola vez.
La propia Constitución considera a los decretos como una forma de legislar excepcional, al calificarlos de «disposiciones legislativas provisionales». Por eso a los 30 días desde su publicación en el BOE, el Congreso tiene que convalidarlos para que sigan estando vigentes. Desde 1996, solo cuatro decretos han sido rechazados. Si no se hubieran usado tantos megadecretos con mezclas de asuntos probablemente el número de normas no convalidadas hubiera sido mucho mayor.
Lo que se solicitó como una reunión «urgente», un adjetivo que reforzó el pasado martes la sensación de gravedad de la última crisis en el seno Gobierno, será un encuentro «cuando se pueda». Ni se ha definido aún cuál será la composición de cada formación en la comisión de seguimiento del pacto de coalición para abordar las discrepancias suscitadas en torno al compromiso asumido por Pedro Sánchez para incrementar el gasto en Defensa, ni tampoco se ha fijado fecha, pero las dos partes alejan la posibilidad de que tenga lugar antes del debate sobre el estado de la nación, que comienza el martes y durará tres días.
NO ROMPERÁN
Sobre el papel, socialistas y morados coincidían inicialmente en que lo deseable era llegar a esa cita en las Cortes con el conflicto encauzado para evitar regalar a la oposición el argumento de la división, pero ahora sostienen que no está resultando fácil cuadrar agendas. La propia Díaz, que el miércoles estaba en Italia y este viernes presenta, tras casi un año de ir postergándolo, su proyecto Sumar, ya rebajó la importancia de la reunión solo un día después de haberla solicitado, cuando afirmó que ella misma y Sánchez darían con una «fórmula imaginativa» para salvar un enfrentamiento que complica el principal proyecto gubernativo, los Presupuestos Generales del Estado. Mientras encuentran el momento para sentarse a, si no resolver, al menos pactar sus discrepancias, PSOE y Podemos se esfuerzan en dejar claro que en ningún caso romperán. «Nos ponemos de acuerdo en lo fundamental, que es seguir trabajando por la mayoría social y protegiendo a la clase media y trabajadora. Lo que queda de legislatura, que es año y medio, se le va a hacer larguísimo a la derecha y la ultraderecha», alegó Bolaños.