Sánchez contempla aplicar en Cataluña la Ley de Seguridad Nacional antes que el 155
PAULA DE LAS HERAS | MADRID
El Gobierno confía en que las reacciones a la inminente sentencia del ‘procés’ no hagan necesario aplicar medidas excepcionales en Cataluña, como ocurrió en 2017 tras la declaración unilateral de independencia, pero desde hace meses, aproximadamente desde que en junio concluyó en el Tribunal Supremo el juicio contra los responsables de aquel intento de ruptura de la unidad del Estado, se prepara para cualquier escenario. El 155 está, sí, sobre la mesa, como se ha encargado de advertir en los últimos días el propio Pedro Sánchez, pero fuentes del Ejecutivo apuntan a que, probablemente, se optaría antes por la Ley de Seguridad Nacional, que permitiría al Ministerio del Interior asumir la coordinación de la policía autonómica para hacer frente a una eventual crisis de orden público.
La gran diferencia entre una y otra medida es que la Ley de Seguridad Nacional no implica la intervención de la autonomía ni de ninguna competencia concreta. Se trataría, pues, de una iniciativa más quirúgica o menos invasiva y también mucho más rápida, porque para ponerla en marcha solo sería necesario un real decreto del presidente del Gobierno (ni siquiera tendría que pasar por el Consejo de Ministros) en el que se especifique cuál es la crisis o situación de «interés nacional» a la que se pretende hacer frente, el ámbito geográfico del territorio afectado y los medios humanos y materiales, tanto estatales como autonómicos o incluso privados, que se pondrían a disposición de la «autoridad funcional» que en su caso se designara.
La ley, aprobada en 2015 con el apoyo del PP y del PSOE, obliga expresamente al Gobierno a informar «inmediatamente» al Congreso de los Diputados de las medidas que decida adoptar, pero solo eso: informar. El real decreto presidencial no necesita de la convalidación de la Cámara baja y por lo tanto no se somete a votación. Eso supone una ventaja sustancial respecto a la activación del 155, que exige un requerimiento previo del Gobierno a la comunidad autónoma que incumpla sus obligaciones legales o constitucionales y, después, en caso de que las autoridades competentes persistieran en su actitud díscola, obliga a obtener el apoyo de la mayoría absoluta del Senado a las medidas elegidas por el Ejecutivo para recobrar la normalidad institucional. Sánchez defendió el lunes que aun con el Senado disuelto por la convocatoria electoral, sería posible aplicar el 155 y que la Diputación Permanente podría asumir las competencias del pleno en esta materia. Es la misma conclusión a la que llegó en 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy cuando se enfrentó a una situación semejante. Fuentes de la actual y de la anterior administración admiten, sin embargo, que nunca se ha llegado a pedir un informe propiamente dicho a la Abogacía del Estado o a los servicios jurídicos de la institución parlamentaria. Los independentistas ponen en cuestión que la interpretación gubernamental y no todos los constitucionalistas coinciden en sus análisis. Escenarios abiertos En el Ejecutivo, en todo caso, dejan claro que todas las opciones están abiertas. El camino que se pueda acabar eligiendo depende, en realidad, de lo que ocurra.
UN ARTÍCULO OBLIGADO
Si la situación se asemejara a la de 2017, cuando las principales instituciones de Cataluña se lanzaron a la desobediencia del Tribunal Constitucional y violentaron la propia Carta Magna y el Estatuto de Autonomía, el 155 resultaría prácticamente obligado. Si lo que se producen son problemas de orden público que queden sin respuesta por parte de los Mossos d’Esquadra o que desborden a la policía autonómica, se recurriría a la Ley de la Seguridad Nacional, como apuntaron ‘El Periódico de Catalunya’ y ‘El Mundo’, y como reclamó este lunes el líder del PP, Pablo Casado.
Fuentes gubernamentales ven más factible que se dé ese segundo escenario y menos probable que se retome el proceso unilateral de independencia, pese a las recientes resoluciones aprobadas por JxCat, Esquerra y la CUP en el Parlament. Pero aun así todavía aspiran a no tener que echar mano de una normativa que, en realidad, no se creó pensando en Cataluña.