Sánchez defiende que el estado de alarma «funciona» y rechaza el retraso electoral
El TSJ de Cataluña deja un eventual aplazamiento en manos del Gobierno si endurece las medidas restrictivas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en su discurso en Aragón. JAVIER CEBOLLADA
Ni una vez se había referido Pedro Sánchez al recrudecimiento de la pandemia de coronavirus desde que comenzó el año. El presidente del Gobierno lo hizo finalmente ayer, 24 horas antes del lanzamiento electoral de su ministro de Sanidad, Salvador Illa, como candidato a la presidencia de la Generalitat, con un mensaje triunfalista que, en la práctica, aleja ya la mínima posibilidad de que los tribunales acepten retrasar las elecciones catalanas al 30 de mayo, como acordó la Generalitat. «El plan de vacunación y el estado de alarma —dijo— están funcionando».
Sánchez —que casi ha reconvertido el primer Comité Federal que celebra el PSOE en un año en un acto central de la campaña del PSC para el 14 de febrero— aprovechó la presentación, en Aragón, del ‘plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’ para adentrarse en una defensa de la gestión que ha hecho el Ejecutivo tanto de la crisis sanitaria como de la económica.
El jefe del Ejecutivo apuntaló así la idea de que no llevará al Congreso un nuevo decreto para permitir a las comunidades tomar medidas más restrictivas frente a la tercera ola de contagios, algo que también hizo la vicepresidenta Carmen Calvo. El ministro y aspirante a la Generalitat defiende que la norma, aprobada el pasado octubre con el objetivo de rebajar la incidencia del virus de en torno a 450 casos por 100.000 habitantes a 25 (hoy ronda los 800 casos), tiene aún posibilidades por agotar.
Los presidentes de diversas comunidades autónomas, incluídas varias socialistas, llevan días reclamando que, por ejemplo, se les permita adelantar la hora de inicio del toque de queda. Pero el Gobierno, que por otro lado ya ha dejado claro su deseo de que las elecciones catalanas se celebren cuanto antes, se resiste a hacerlo. Del mismo modo que los socialistas achacaron la postergación de la cita con las urnas a un intento de desinflar el «efecto Illa» , el resto de fuerzas catalanas ven en la posición de Sánchez electoralismo.
normalidad democrática
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha argumentado que mantiene provisionalmente las elecciones catalanas el 14F para «preservar la normalidad democrática» y evitar una «situación de bloqueo y precariedad institucional» que afecte a la legitimidad del Govern en plena pandemia.
En un auto, que cuenta con un voto particular, la sala contenciosa del TSJC expone los motivos por los que ayer acordó mantener la suspensión del aplazamiento de las elecciones al 30 de mayo próximo, aprobado por el Govern en un decreto del pasado viernes.
Tras recalcar que el TSJC no obliga a votar «irreversiblemente el día 14 de febrero» ni ha fijado esa fecha, el auto admite que de aquí al día de las elecciones pueden darse «cambios sustanciales» tanto en el estado de alarma como en el ámbito sanitario que pudieran llevar a las «autoridades competentes» a adoptar otra decisión, de acuerdo con las nuevas circunstancias.
Tras recordar que el 14F deriva de una «disolución automática» del Parlament por la ausencia de un candidato a la presidencia de la Generalitat, el TSJC sostiene que la convocatoria electoral tiene «un interés público especialmente intenso, pues pone en marcha un mecanismo basilar para garantizar la continuidad en el normal funcionamiento de las instituciones».
Ese «interés público», según el TSJC, aumenta desde el momento en que el cargo de jefe del ejecutivo, «pilar del gobierno autonómico», está vacante, dado que «no hay presidente o presidenta en funciones sino que dichas funciones las ejercía el vicepresidente por sustitución», cuyas competencias son «limitadas».
El hecho de que el gobierno esté en funciones, en opinión del TSJC, «afecta nuclearmente al principio democrático de responsabilidad política»: sus miembros «son inamovibles, porque nadie les puede cesar, el control político resulta limitado y la actividad legislativa se materializa sustancialmente por la limitada vía del decreto-ley o legislación de urgencia».
Para el alto tribunal catalán, el aplazamiento de las elecciones mantiene «esta situación de provisionalidad en el funcionamiento de las instituciones democráticas».