Sánchez y ERC pactan una reforma con más impuestos a Madrid y desatan la ira de Ayuso
El presidente y algunos territorios califican la política fiscal madrileña de «competencia desleal» y «dumping fiscal»
Pedro Sánchez y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, durante su visita ayer a la catedral de Palma de Mallorca. CHEMA MOYA
Promete ser uno de los principales conflictos políticos de los próximos meses. El acuerdo entre ERC y el Gobierno a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 incluye la armonización de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas: Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Un acuerdo al que Díaz Ayuso ya ha respondido con rotundidad. Ha prometido que será «la peor pesadilla» de quien quiera «tocarle los bolsillos al contribuyente madrileño para pagarle la fiesta y la corruptela al independentismo».
Aunque las cuentas sigue su trámite en el Congreso, la verdadera discusión política está fuera de la Cámara Baja después de conocerse que ERC ha pactado con el Ejecutivo acabar con lo que Gabriel Rufián llamó el «dumping fiscal» de Madrid, región que calificó de «paraíso fiscal» al bonificar estos tributos.
Los observadores interpretan que esta medida busca evitar que Madrid siga bonificando estos impuestos, ejerciendo lo que desde Hacienda, el propio presidente del Gobierno y algunos territorios se califica de «competencia desleal» o de «dumping fiscal».
Lo dijo ayer con todas las palabras el vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonés, que abogó explícitamente por poner fin a la «competencia desleal» y los «privilegios» de la Comunidad de Madrid en materia fiscal.
«Se han acabado los privilegios», proclamó el líder republicano catalán. «Hay territorios que hacen una competencia desleal desde el punto de vista fiscal, beneficiándose de la localización en la capital del país de la mayor parte del funcionariado del Estado y las grandes empresas del Ibex-35», afirmó.
Por el momento, es sólo un compromiso, ya que en la letra de los PGE no se puede incluir tal reforma fiscal. Se ha de realizar modificando la ley orgánica de financiación autonómica -que atribuye la soberanía de estos impuestos a las autonomías en cuanto a tipos de gravamen, mínimo exento y bonificaciones-, lo que requiere mayoría absoluta de la Cámara, frente a la aprobación de las cuentas públicas, que apenas requiere mayoría simple, o más ‘síes’ que ‘noes’ en el Congreso.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya se había manifestado a favor de esta armonización al menos desde su primera comparecencia en la primera comisión parlamentaria de su ramo de esta legislatura, a principios de año. Y, además, desde el departamento que dirige Montero defienden que esta idea ni siquiera es original de este Gobierno: ya fue expuesta por el comité de expertos creado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, siendo ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado ya que dará la batalla contra el ataque de ERC a la fiscalidad de Madrid y defenderá su compromiso de bajar impuestos en toda España para reactiva la economía. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital y portavoz nacional de la formación, ha advertido de que irán a los tribunales en caso de que el Ejecutivo toque los impuestos autonómicos. Y el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado que no cree que este compromiso se lo haya arrancado ERC al Gobierno, sino que es «el PSOE el que quiere freír a impuestos a los madrileños».
Además de Madrid, también contrarios a la armonización de los impuestos (salvo para eliminarlos) son Andalucía o Castilla y León. Mientras que otras autonomías, como Aragón, Asturias, Valencia o Extremadura sí abogan por el establecimiento de unos mínimos de tributación.
La polémica está servida, pero no es la única en torno a los presupuestos, porque, mientras se siguen sucediendo las críticas al apoyo de EH Bildu, el coordinador general del partido, Arnaldo Otegi, ha afirmado que la aprobación de las cuentas del Estado forma parte del «proceso» que debe permitir «crecer y alcanzar la república vasca».
De acuerdo con las simulaciones del REAF, un heredero de 800.000 euros, cuatro millones o quince millones no pagaría nada por Impuesto de Patrimonio en Madrid, mientras que en Cataluña pagaría casi 770 euros, cerca de 42.000 y más de 297.000 por ese orden y por este concepto.