Sánchez exhibe el pacto de PGE y la reforma laboral como muestra de su fortaleza
El Gobierno minimiza los recelos de sus principales socios hacia el acuerdo con los agentes sociales
Pedro Sánchez recibe el aplauso de la bancada socialista, ayer, tras la aprobación de los PGE. FERNANDO ALVARADO
Pedro Sánchez no está teniendo, en términos generales, el fin de año que esperaba. Cuando el pasado julio acometió una de las más drásticas crisis de Gobierno que se recuerdan lo hizo convencido de que la vuelta del verano, con el 70% de la población ya vacunada y la entrega de los primeros 9.000 millones de euros de la UE para financiar el Plan de Recuperación, marcaría un punto de inflexión en la legislatura, la pandemia empezaría a quedar atrás y el crecimiento económico comenzaría a notarse en los hogares. La realidad ha sido otra.
Pero quizá por eso hoy celebró con aún más entusiasmo los dos últimos logros de su Ejecutivo: la aprobación definitiva de los Presupuestos y el acuerdo con los agentes sociales para la reforma laboral en el plazo comprometido con Bruselas. El real decreto ley en el que este martes se plasmó el pacto suscrito por la CEOE y los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, no tiene aún garantizada su convalidación por mayoría simple en el Congreso.
El Gobierno por sí solo suma únicamente 155 de los 350 escaños de la Cámara, y los socios habituales han hecho saber ya que el texto no les convence en absoluto. Las críticas del PNV, que de forma global valora el acuerdo, se circunscriben al hecho de que no se haya vuelto a la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los de ámbito estatal; algo que, replica el Ejecutivo, nunca estuvo en la negociación. Esquerra y EH Bildu, en cambio, no muestran complacencia alguna y censuran que la reforma tenga poco que ver con la prometida derogación del texto aprobado por el PP en 2012.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se mostró sin embargo convencida, como la víspera el ministro para la Seguridad Social, José Luis Escrivá, de que finalmente la tarea a la que ha dedicado buena parte de los últimos nueve meses recibirá el aval parlamentario. Lo dijo desde la Moncloa, tras el Consejo de Ministros. Díaz alegó que no es la primera vez que el Ejecutivo se enfrenta a un escenario así de adverso (puso como ejemplo la oposición a la conocida como ‘ley riders’) y sale airoso.
En realidad la situación no es análoga a la de aquel real decreto porque entonces las críticas más furibundas no provenían de los principales aliados gubernamentales, pero, pese a verse forzado a tramitar la norma como proyecto de ley, el Gobierno logró que fuera aprobado sin modificaciones. Ese es precisamente ahora el objetivo que, como ha exigido el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, no se toque «ni una coma». «Entenderán que es un acuerdo de país y que hay que respetarlo —adujo Díaz—. Para nosotros habría sido mucho más fácil diseñar esta norma por nuestra cuenta y tira líneas».
«Diálogo y cariño»
La vicepresidenta defendió que el hecho de contar con el respaldo de los agentes sociales garantiza la perdurabilidad de la reforma pero también pidió a los partidos que pongan en valor que es la primera modificación del marco laboral en décadas que en lugar de recortar derechos, dijo, los «recupera» y que permitirá «mejorar la vida de la gente». «Créanme que humo, exactamente humo, no es», dijo tajante en respuesta a las palabras con las que el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, había descalificado su texto. En todo caso, prometió «diálogo y cariño» a las formaciones que sustentan al Ejecutivo.
Sánchez también prefirió obviar las incertidumbres que arrastra su Gobierno en esta y otras materias (ya que tampoco tiene asegurado el apoyo al decreto ley que recuperó las mascarillas en el exterior). Así, haciendo de la necesidad virtud, aprovechó el pleno del Congreso forzado por el PP al colar una enmienda a las Cuentas de 2022 en el Senado, para sacar pecho.
«Cerramos el año con el mejor de los mensajes: unos Presupuesto con una amplia mayoría y un gran acuerdo social que combina la flexibilidad que necesitan nuestras empresas con la seguridad que merecen los trabajadores y trabajadoras; en definitiva, frenar la precariedad y reducir la tasa de paro estructural», dijo. Las previsiones de crecimiento de los principales organismos económicos, mucho menos optimistas que las del Gobierno, la explosión de contagios de covid por la variante ómicron y la inflación empañan el horizonte próximo pero en la Moncloa siguen confiando en que su «recuperación justa» termine por hacerse evidente a lo largo de 2022, un año en el que además se abrirá un nuevo ciclo electoral, empezando por los comicios de Castilla y León el próximo 13 de febrero y siguiendo por Andalucía en junio u octubre.