jueves 9/12/21
                      Pedro Sánchez a su llegada a la sesión de control al Gobierno. DAVID FERNÁNDEZ
Pedro Sánchez a su llegada a la sesión de control al Gobierno. DAVID FERNÁNDEZ

Lo que podría haber ayudado a digerir su decisión de normalizar las relaciones con EH-Bildu en el Congreso se convirtió ayer en un nuevo quebradero de cabeza para el Gobierno. La explicación ofrecida por Arnaldo Otegi ante un grupo de militantes de su formación sobre las razones de su respaldo al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos no sólo provocaron que el líder de la oposición, Pablo Casado, exigiera a Pedro Sánchez que rompa con los independentistas vascos. También el socialista Emiliano García Page advirtió de que los demócratas no están dispuestos a «heredar la propaganda» de la izquierda abertzale. Y de poco sirvió que el presidente asegurara que, en ningún caso, cambiará Presupuesos por presos.

Sánchez respondió a Casado con un «no rotundo» en la sesión de control al Gobierno a la pregunta de si está dispuesto a liberar a los 200 etarras que aún cumplen penas de prisión como contrapartida al respaldo de EH- Bildu a las Cuentas públicas, como insinuó Otegi en una charla desvelada por ‘El Correo’. Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó en los pasillos el Congreso que ella sólo habla con la formación que en la Cámara baja lidera Mertxe Aizpurua de «números» y de cuestiones que permitan «mejorar el bienestar de los españoles, apoyar el tejido productivo y contribuir al progreso de España». Pero fuentes del Ejecutivo reconocen que las palabras de Otegi son un «paso atrás».

En el Gobierno entienden que el tono empleado por el líder de EH-Bildu ante los suyos, tan sólo siete horas después de haber reconocido públicamente el lunes que el dolor causado por la banda terrorista jamás debió haberse producido, obedece en realidad a un intento de contemporizar y contrarrestar las críticas internas de algunos sectores del partido, parte de las juventudes y el colectivo de presos, que no comparten el intento de incorporación a la institucionalidad. E insisten en que jamás, ni en 2020 ni ahora, la formación secesionista ha puesto sobre la mesa, como elemento negociador, la cuestión de los encarcelados. Pero no niegan lo «inoportuno» del episodio.

En todo caso, los socialistas recriminaron al PP ayer —justo en el décimo aniversario de la declaración del fin de la violencia de ETA— que se hiciera eco de la polémica y olvidara que la banda terrorista fue derrotada gracias a la unidad de todos los demócratas pero con un presidente del Gobierno, un ministro del Interior y un ‘lehendakari’ del PSOE al frente. Montero acusó a los populares de actuar como si sufrieran «nostalgia» de una de las etapas más negras de la historia de España. Y Sánchez aseguró incluso sentir «dolor» por el mero hecho de que Casado diera pábulo a la posibilidad de que esté dispuesto a liberar a etarras condenados.

«Usted sabe cómo funciona el Estado Social y de Derecho en España y que lo que impera —adujo— es el imperio de la ley».

También el ‘exlehendakari’, Patxi López, que el lunes calificó de «punto de inflexión» el paso dado por Otegi al reconocer el dolor de las víctimas de ETA, desdeñó la intervención ante las bases de Bildu.

«Parece mentira que, después de tanto tiempo, no sepa nada de lo que es un Estado democrático y de derecho, en el que los presos salen de la cárcel cuando cumplen las condenas y lo determina la justicia, no antes», dijo en la presentación del libro de la periodista del ‘Diario Vasco’ Lourdes Pérez, ‘Déjame que te cuente. Memorias para el futuro del décimo aniversario de ETA’.

El precedente del ‘procés’

El primer partido de la oposición, pero también Vox y Ciudadanos, replican, sin embargo, que la palabra del presidente del Gobierno en esta y en cualquier otra materia vale bien poco. Casado ya apeló, de hecho, en su confrontación en el pleno, al modo tajante en el que el propio Sánchez negó en campaña electoral que fuera a entenderse con EH-Bildu: «Con Bildu no se pacta nada», dijo en junio de 2019. También Inés Arrimadas argumentó que cuando el líder del PSOE dice que no hará algo más preocupados hay que estar porque también lo dijo, por ejemplo, con los indultos a los condenados del ‘procés’.

La presidenta de Ciudadanos, que se refirió a Otegi como el «portavoz de ETA» —porque él habla, remarcó, de «nuestros presos»—, recordó que el Ejecutivo ya ha acercado a cuatro presos etarras semanalmente a las cárceles del País Vasco y ha accedido a transferir las competencias de prisiones. «Dentro de unos meses, los nacionalistas van a decidir qué presos están en la calle y vamos a ver lo mismo que en Cataluña», dijo en alusión a los permisos concedidos a los reos del ‘procés’ antes de que el Ejecutivo les otorgara el perdón.

Como el líder del PP, Arrimadas exigió al Gobierno que «rompa» con el partido de Otegi; algo que, de momento, el Ejecutivo no se plantea. «Si no rompe su pacto de Presupuestos con el portavoz de los etarras —insistió— le está dando la razón y da lo mismo lo que diga, ya lo sabemos, estará agachando la cabeza». El presidente de Vox, Santiago Abascal, fue más allá y dio por sentado, directamente, que el Congreso votará en unas semanas los que calificó, sin matiz alguno, como «los Presupuestos de ETA».

El PNV cuestionó ayer la «sinceridad» de Otegi y le pidió una condena explícita. En la sede bilbaína del partido ponen en cuarentena la credibilidad de Otegi, quien quiso arrogarse un papel protagonista justo ahora que se cumplen diez años del cese de la actividad armada por parte de la banda terrorista. El presidente de la formación, Andoni Ortuzar, cuestionó abiertamente si el paso dado por la coalición soberanista es «sincero o un mero instrumento para conseguir sus fines». En otras palabras, si el discurso en la escalinata de Aiete «parte de un análisis ético y de una reflexión de que se equivocaron y ahora hacen propósito de enmienda para que no vuelva a ocurrir o si simplemente lo hacen para situarse en el tablero político de mejor manera», si es «propósito de enmienda» o formara parte de una estrategia.

El máximo representante del PNV asumió como «legítimo» que los presos de ETA ocupen un lugar destacado en la estrategia de EH Bildu, pero agregó que lo sería más «si se planteara a las claras» y no dando «unas cosas por encima de la mesa y otras por debajo».

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