Sánchez inicia la segunda mitad de la legislatura con serios avisos de los socios

La cuesta de enero se presenta empinada para el Gobierno. No es solo la negociación de la reforma laboral, para cuya convalidación dentro de apenas dos semanas siguen sin salir los números. Los socialistas están encontrando también serias dificultades para amarrar el apoyo de sus socios a otro real decreto ley que vino acompañado de polémica, el que impuso, a las puertas de la Navidad y como respuesta a la sexta ola de contagios de coronavirus, el uso de las mascarillas en el exterior. La situación es tan complicada que el Ejecutivo ha optado por apurar todos los plazos. La Constitución fija un máximo de 30 días (hábiles) a partir de la promulgación de un real decreto ley para su convalidación o derogación por parte del Congreso de los Diputados. Lo previsto era, en principio, que el de las mascarillas, aprobado el pasado 23 de diciembre, fuera debatido y votado en un pleno extraordinario que tendrá lugar la próxima semana. Pero finalmente se ha dejado para el pleno ordinario del 1 al 3 de febrero, el último en el que cabría hacerlo y el mismo en el que someterá a convalidación el real decreto ley de la reforma laboral.

La decisión de recuperar la obligación de usar mascarilla en exteriores ya desató, en su momento, una oleada de críticas tanto por parte de la oposición —a pesar de que había sido una medida demandada por varios presidentes autonómicos del PP— como por parte de los aliados de la investidura. El Gobierno confiaba, sin embargo, en que su decisión de incluir en el texto otros dos asuntos que poco o nada tenían que ver con el principal, la revalorización de las pensiones conforme al IPC (añadida en la disposición final primera) y extensión hasta el 31 de diciembre de 2022 de la autorización para contratar en atención primaria médicos y enfermeros jubilados, le allanaran el camino. Erró.

A finales de la pasada semana, fuentes de la dirección socialista ya admitían que habría que «trabajar mucho» para asegurarse los apoyos y esta se rindieron ante la evidencia de que no llegarían a tiempo para incluir el asunto en el mismo pleno de final de enero en el que se votarán el real decreto para ampliar las ayudas a la isla de La Palma, el que modifica el régimen fiscal y económico de Canarias y el que prorroga las ayudas fiscales para rebajar el precio de la luz. Todo cuestiones sobre las que hay consenso.

Negociación bajo chantaje

En los últimos días, formaciones como Esquerra o el PNV, sobre las que hasta ahora se ha hecho descansar buena parte de la acción de Gobierno, han lanzado serios avisos sobre su hartazgo ante la forma de negociar del Ejecutivo. Les acusan de fiarlo todo al temor a la alternativa y a imponer reformas que se quedan cortas bajo chantaje; en el caso de la laboral, bajo amenaza de que, de no aprobarla, serán responsables de la pervivencia de la del PP. Algunos socialistas admiten, en privado, sus dudas de que esta vez esa estrategia vaya a funcionar. Sobre todo, en algunos casos. «Bildu ya nos ha dicho que apoyar esta reforma para ellos es suicidarse», confiesan. El Gobierno insiste en que el pacto alcanzado por sindicatos y patronal debe respetarse y aprobarse en el Parlamento sin cambios. «Los grupos también tienen que escuchar a los agentes sociales», esgrimió hoy la portavoz del Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez. Sus esfuerzos se centran en convencer, fundamentalmente a los nacionalistas vascos y a ERC —que exige el control administrativos sobre los ERE— de que sus demandas pueden plasmarse en iniciativas futuras. De momento, sin aparente éxito. En la Mocloa evitan dar muestras de nerviosismo y replican que nunca lo han tenido fácil pero hasta ahora su balance es positivo. «La actitud del PNV (que lleva días elevando la presión a cuenta de la transferencia del Ingreso Mínimo Vital) tiene que ver con su disputa con Bildu. Y ERC, aunque suba el tono, pacta casi todo. Queda mucha legislatura. Nadie está en la idea de que esto acabe