Sánchez pende del PP para evitar que sus socios investiguen a Marlaska por Melilla

El PSOE se queda en manos de PP y Vox para evitar que sus propios socios de Gobierno investiguen en el Congreso a Fernando Grande-Marlaska, uno de los ministros de mayor confianza de Pedro Sánchez y que ha sobrevivido a las sucesivas crisis de Gobierno desde que el líder socialista alcanzó la Moncloa en junio de 2018. Unidas Podemos —socio minoritario de la coalición—, Bildu, Esquerra y otros aliados habituales del Ejecutivo en la Cámara baja solicitaron ayer la creación de una comisión para esclarecer la muerte de 23 inmigrantes cuando trataban de saltar la valla fronteriza de Melilla el pasado 24 de junio. A la petición se han sumado Junts, PDeCAT, Más País, Compromís, BNG y la CUP.

En el escrito remitido a la Mesa del Congreso se resalta la necesidad de «una investigación a fondo y con todas las garantías de protección hacia las pa tes, las responsabilidades de los hechos, pero también con la finalidad de encontrar mecanismos para la práctica y eficaz reparación de las víctimas, que todo sistema de justicia debe proveer de manera intrínseca». Será la segunda ocasión en la que registren esta petición en la Cámara baja. En la anterior, presentada el pasado septiembre, PSOE, PP y Vox impidieron que la iniciativa saliera adelante.

El nuevo impulso a esta comisión llega después de que el pasado martes la cadena británica BBC emitiera un reportaje en el que se mostraba cómo agentes de la Gendarmería marroquí trasladaban cadáveres desde el lado de la valla español hacia su territorio. También se acusaba a Interior de ocultar imágenes de las cámaras de vigilancia.

La difusión del programa de la BBC produjo una reacción inmediata tanto a la derecha como a la izquierda del PSOE y ahora el ministro Marlaska se ve acorralado desde uno y otro lado. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y compañera del titular de Interior en el Consejo de Ministros, insistió ayer en que «se trata de hechos gravísimos» que deben ser investigados hasta las últimas consecuencias porque podrían suponer una violación de los derechos humanos.

Unidas Podemos ha dejado clara su posición tanto con sus declaraciones como con el anuncio de la nueva comisión de investigación, por lo que el PSOE depende ahora del PP para salvar a su ministro del Interior del escarnio público. Para evitar ese mal trago a Marlaska, los populares exigen su comparecencia parlamentaria y que se remitan todas las imágenes grabadas del suceso al Congreso. Su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, incluso amenazó con acudir a la justicia si no se entrega toda la documentación a los diputados. Esta nueva posición de la formación deja entrever un posible cambio en el sentido de voto de cara a su visto bueno a la comisión.

Ayer, Alberto Núñez Feijóo justificó el voto en contra a la anterior petición de investigación en que, entonces, el Ministerio del Interior ofreció de forma satisfactoria las explicaciones que se le solicitaron. Está por ver si ahora Marlaska consigue convencer de nuevo al PP. «Acaban de salir imágenes que aparentemente acreditan hechos muy graves», afirmó el líder de los populares antes de asegurar que su partido actuará con responsabilidad para que el Gobierno clarifique «si las de la BBC son imágenes reales» y «si se han arrastrado cadáveres desde Melilla a Marruecos». Feijóo llegó a apuntar directamente a Pedro Sánchez, al que reclamó que aclaré si ocultó información sobre la muerte de los inmigrantes.

La recompensa de derribar a un ministro clave para el presidente del Gobierno podrían inclinar al PP mover ficha y propiciar la comisión de investigación. No obstante, después los populares deberían hacer un complicado juego de equilibrios para responsabilizar a Marlaska de la tragedia sin culpar a su vez a los efectivos de la Guardia Civil que participaron en el dispositivo, un colectivo que tanto la formación de Feijóo se cuida de proteger con mimo.

En la cuerda floja

La tragedia de Melilla amenaza con acorralar a Marlaska, un ministro del Interior que ya ha estado en sucesivas ocasiones en la picota por casos como el espionaje con el sistema Pegasus, el despido del teniente coronel de la benemérita Diego Pérez de los Cobos o el acercamiento de presos etarras. Ante las acusaciones, el titular del Interior defiende que la Guardia Civil actuó en todo momento «dentro de la más estricta legalidad» y lamenta que «se hagan acusaciones de gran gravedad sin el sustento de ninguna prueba».

De momento, una primera investigación del Defensor del Pueblo ya denunció que más de 400 migrantes fueron devueltos en caliente a territorio marroquí sin respetar sus derechos fundamentales. El lunes una delegación de Diputados visitará la zona de la valla donde se produjeron las 23 muertes con el fin de recabar información de cara a una posible comisión parlamentaria que podría poner punto y final a la carrera política del juez Marlaska.