Sánchez prepara los indultos porque «la venganza no es un valor constitucional»
El presidente del Gobierno apela al apoyo del PSOE al artículo 155 en 2017 para tratar de neutralizar las críticas del PP
Sánchez le da un regalo a Ursula von der Leyen en presencia de Angela Merkel ayer, en Bruselas. JOHN THYS
Pedro Sánchez terminó de confirmar ayer lo que ya venían apuntando desde hace meses distintos miembros del Gobierno: habrá indultos para los líderes del ‘procés’ condenados hace apenas año y medio por el Tribunal Supremo y priorizará la «concordia» sobre la «venganza». El presidente del Gobierno avanzó durante una comparecencia en Bruselas que cuando llegue el momento de abordar la cuestión tendrá «muy presentes» valores constitucionales como «la concordia, el diálogo, el entendimiento y la superación de una crisis que desgarró —dijo— no sólo a la sociedad catalana como al conjunto de la sociedad española».
Su posición de ahora está en las antípodas de la que defendió el mismo día que alto tribunal hizo pública la sentencia por la que condenó a trece años de prisión a Oriol Junqueras por un delito de sedición en concurso medial con malversación, doce a los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bass por los mismos delitos, once y medio a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, diez y medio a los de Interior y Territorio Joaquim Forn y Josep Rull, nueve a los líderes de la ANC y Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart sólo por sedición y penas de inhabilitación por desobediencia a los exconsejeros Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila.
Entonces, a tan sólo un mes de las elecciones generales, el presidente del Gobierno garantizó el «cumplimiento íntegro» de la sentencia. Ayer admitió que esa había ido su postura. Sin embargo, argumentó que «es muy importante mirar hacia el futuro, aprender de los errores, y ser consciente de que entre los valores constitucionales no están la revancha o la venganza sino el diálogo y el respeto a la legislación».
«Eso —dijo— interpela a las fuerzas independentistas pero también forma parte de la vocación que debemos tener todos los políticos por superar fracturas, reencontrarnos y construir concordia».
Que el Gobierno concederá el perdón está pues claro, a pesar de que hasta la fecha los principales líderes del 1-O no sólo no han mostrado arrepentimiento sino que han manifestado su determinación a «volverlo a hacer». Lo que no se sabe aún es el alcance de la decisión. Si el informe preceptivo, pero no vinculante del Tribunal Supremo, previsto para esta misma semana resulta, como se prevé, contrario a otorgarlos, los indultos sólo podrán ser parciales. Aunque en la práctica el Ejecutivo tendría margen para dejar las penas en algo meramente simbólico lo que no podrá hacer es borrarlas por completo. Sánchez, en todo caso, recordó que cada uno de los condenados se encuentra en una situación diferente y que sus expedientes se estudiarán de manera individual. Tampoco hay garantías de que el eventual gesto del Gobierno —que podría llegar a partir de mediados de junio e incluso ya entrado el verano cuando la actividad política es menor— vaya a servir para apaciguar al futuro gobierno de coalición de ERC y Junts per Catalunya, que se ha fijado como objetivos la autodeterminación y la amnistía. Pero el Ejecutivo ve un signo positivo en el hecho de que, desde el independentismo, ya no se rechacen expresamente los indultos.
El flamante presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no se mostró entusiasta con la idea pero declaró que «cualquier medida que ayude a aliviar el dolor de los presos políticos y sus familias» será bienvenida.
Sánchez sabe también que tendrá a su lado a todos los socios de investidura, que ayer se pronunciaron en el Congreso a favor de la medida, pero no se le oculta que tendrá que hacer mucha «pedagogía», como reclamó el portavoz del PNV, Aitor Esteban, si quiere contrarrestar las aceradas criticas del PP, Vox y Ciudadanos, que ya han anunciado su intención de recurrir al Supremo si finalmente hay indultos sin que se haya producido arrepentimiento. A ellos iban dirigidas, fundamentalmente, las apelaciones del presidente a los «valores constitucionales».
El jefe del Ejecutivo se defendió de los ataques recordando que en 2017, ante el desafío soberanista, se mantuvo como líder de la oposición al lado del entonces presidente, Mariano Rajoy, y apoyó la suspensión de la autonomía de Cataluña con la aplicación, por primera vez, del artículo 155 de la Constitución. «Ojalá yo obtuviera la lealtad que demostró entonces el PSOE», pidió tras censurar que ahora el PP condicione la renovación del Consejo del Poder Judicial a este asunto.