domingo. 03.07.2022

El Govern catalán recibió ayer toques de atención desde todos los flancos a cuenta de la polémica sobre las clases en castellano en la escuela Turó del Drac, en Canet de Mar, localidad de 15.000 habitantes y situada a 50 kilómetros de la capital catalana. Las presiones le llegaron del Gobierno central, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y del independentismo, que salió a la calle en la localidad barcelonesa para defender el modelo de inmersión en la escuela catalana y para pedir al Govern que desobedezca.

El Gobierno, a quien la derecha aprieta para que haga cumplir la ley en Cataluña, reveló una llamada de la ministra de Educación al consejero catalán del ramo para trasladarle su disposición a colaborar para proteger al menor de la familia que ha pedido más clases en castellano. El Ejecutivo condenó además las amenazas contra estos padres. La Moncloa, que exige a la Generalitat que cumpla la sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases en español, no verbalizó ninguna crítica a la administración catalana, pero ésta iba implícita en las palabras de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, contra un Govern, que ha condenado tibiamente las supuestas amenazas y no ha salido a defender públicamente a la familia señalada y sí lo ha hecho con todas la demás.

La familia del menor pidió amparo a la justicia y ésta respondió este viernes con una providencia que ordena al Govern y a la dirección de la escuela que garanticen la protección y la intimidad del niño y de los padres que han conseguido por la vía judicial que su hijo reciba el 25% de las clases de P5 en castellano en Canet de Mar (Barcelona). La resolución judicial llega después de que la familia presentara un escrito dirigido al TSJC para pedir a la justicia que asegure la seguridad de su hijo, su intimidad e identidad y evitar la discriminación y su señalamiento.

El independentimo más radical se manifiestó ayer a pocos metros de la escuela donde estudia el niño.

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