Los secesionistas reculan en su promesa de declarar la independencia justo tras el 14-F

Primera rectificación de calado de la campaña. Laura Borràs, candidata de JxCat a la presidencia de la Generalitat, rebajó ayer el alcance de una de sus promesas estrella, la de reactivar la declaración unilateral de independencia, si el secesionismo obtiene más del 50% de los votos el próximo 14 de febrero.

Borràs aseguró en RTVE que la DUI no llegará al día siguiente de las elecciones, como dejó caer en un primer momento, sino que la proclamación de la república, como la del 27-O de 2017, se aprobará cuando pueda ser «defendida».

«Cuando estemos en condiciones de no recular, cuando podamos defenderla y no dar marcha atrás», remató. JxCat se había quedado solo en la defensa de una nueva declaración unilateral de independencia.

Tanto ERC como la CUP y el PDeCAT rechazan ahora este extremo y acusan a los postconvergentes de vender humo y practicar el independentismo mágico. Pere Aragonès afirmó ayer que plantear una declaración de independencia en estos momentos no es «viable». La campaña se le está complicando a Laura Borràs. Y es que tanto la CUP como ERC han abierto la puerta a no apoyar su investidura, si JxCat gana las elecciones, aduciendo su condición de imputada por corrupción. Borràs mostró su decepción por las críticas que le vierten desde el independentismo, pues a su juicio hacen el juego a la «represión» del Estado y a la «injusticia española». Salvador Illa también atacó a la dirigente nacionalista. «Hay que pasar página de todo esto. No todo son conjuras», afirmó.

Los presos del 1-O están desempeñando un papel relevante en la campaña del independentismo para las elecciones del día 14 en Cataluña y podrán seguir haciéndolo hasta el final. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dio a entender ayer que su intención es recurrir el tercer grado del que disfrutan desde el pasado viernes, cuando la Generalitat avaló las propuestas realizadas por las juntas de tratamiento de Prisiones. Pero también dejó claro que no podrá hacerlo de inmediato. Delgado confirmó que el Gobierno catalán no ha remitido aún los informes en los que se apoyó para justificar la semilibertad de los dirigentes independentistas condenados en octubre de 2019. Ni siquiera ha notificado su resolución. Y sin ese paso previo el Ministerio Público está atado de pies y manos.

Los plazos procesales ya hacían difícil de antemano que se pudiera impedir la participación de los condenados en actos como el que protagonizaron el lunes a favor de la autodeterminación y su amnistía. Pero a siete días para que acabe la campaña resuta casi imposible.

Lo previsible es que la Fiscalía recurra primero en alzada ante el juez de Vigilancia Penitenciaria y reclame la suspensión cautelar de la semilibertad. En caso de no tener éxito sobre el fondo de la cuestión, acudirá al Tribunal Supremo en su calidad de tribunal sentenciador. Sólo el primer trámite podría llevar tres o cuatro días. La fiscal general aseguró en una entrevista en Onda Cero, aun así, que la tardanza del Gobierno catalán puede considerarse «normal» y evitó censurarla.

«Bueno —matizó— la regulación administrativa es bastante difusa; no hay plazos preclusivos». También fue cauta a la hora de anticipar con rotundidad que harán los fiscales encargados de estudiar el caso, pero apuntó que, seguramente, irán «en línea con el Tribunal Supremo», que en diciembre ya revocó el primer tercer grado, concedido a los presos del ‘procés’ en agosto, por considerarlo demasiado prematuro. Entonces el Supremo argumentó que la administración penitenciaria no puede «vaciar la respuesta penal proclamada por un tribunal, sometiendo su sentencia a una relectura que disfraza un tratamiento penitenciario privilegiado», recordó que sobre los presos pesan condenas elevadas, de nueve a trece años, de las que ninguno ha cumplido aún siquiera la mitad y remarcó que ese hecho exigiría una «justificación reforzada» de la progresión de grado que no se había realizado.