Diario de León

Los socios de Gobierno pactan gravar las viviendas vacías con un recargo en el IBI

Las segundas residencias tendrán que estar cuatro años desocupadas para considerarse 'vivienda vacía'

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Los socios de Gobierno avanzan en las negociaciones de la futura Ley de Vivienda, aunque las posturas aún están alejadas en uno de los puntos claves para desencallar el texto: el control de los precios del alquiler. De momento, PSOE y Unidas Podemos han acordado este martes que exista un mecanismo para gravar las casas vacías mediante un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

El Ministerio de José Luis Abalos ya había anticipado su idea de que ese recargo pudiese alcanzar hasta el 50% sobre la cuota del IBI a las viviendas vacías, aunque la cuantía final se decidirá en una próxima reunión de los gruops negociadores con el Ministerio de Hacienda.

Según la propuesta de los socialistas, se considerará vivienda vacía aquellos inmuebles de uso residencial desocupados durante un periodo de referencia de dos años, con una serie de causas justificadas para la desocupación temporal.

Por ejemplo, el traslado por razones laborales o de formación. También habría una excepción para las viviendas de segunda residencia, que podrán estar desocupadas durante un periodo más largo, de cuatro años continuados, sin que se les aplique el recargo en cuestión.

Del mismo modo, el PSOE proponía que el recargo solo se aplicase entre aquellos con cuatro viviendas o más en propiedad, aunque habrá que esperar para saber si este punto se incluirá finalmente en la definición de vivienda vacía.

Encuentros y desencuentros Los equipos encabezados por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y por el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas,también se reunirán este miércoles con el Ministerio Justicia para abordar el tratamiento de los desahucios en la futura ley.

El Gobierno ya adelantó hace unas semanas que el plan es hacer más ágiles y eficientes las comunicaciones con los servicios sociales para que las familias consideradas como vulnerables puedan postergar los lanzamientos de su vivienda hasta tres meses. En ese tiempo, se estima que las comunidades autónomas podrían buscar una alternativa habitacional.

Frente a este acercamiento en materia de viviendas vacías y de desahucios, fuentes de Unidas Podemos confirman que las posturas están todavía muy alejadas en la regulación del alquiler, "un punto recogido en el acuerdo de Gobierno", insisten. Más que el objetivo común de limitar los precios, común en las dos formaciones, las principales diferencias están en las fórmulas para lograrlo.

Desde el PSOE se apuesta por un sistema de incentivos fiscales que, entre otras cosas, permitiría deducciones de hasta el 90% a los propietarios que rebajen el precio de sus contratos en al menos un 10% a sus inquilinos.

Por otro lado, Podemos quiere limitar de forma directa los precios a través de un índice oficial para las zonas tensionadas.

Ocurre lo mimo respecto a la responsabilidad de los grandes propietarios, ya que el PSOE continúa sin aceptar la propuesta de Unidas Podemos de que estos destinen al alquiler social el 30% de su parque.

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