El Supremo anuncia hoy las penas a los independentistas condenados por sedición
m. s. p. / m. b. | madrid
Los siete magistrados del tribunal del ‘procés’ acudirán hoy a las nueve de la mañana al Supremo para firmar la sentencia que han estado debatiendo durante los últimos cuatro meses. El borrador final, redactado por el presidente de la Sala y ponente Manuel Marchena, fue repartido el pasado jueves entre los jueces para que pudieran darle una lectura definitiva. Según fuentes jurídicas, los más de 500 folios ya están en el Tribunal Superior de Cataluña para repartir este lunes una copia, si no hay cambios de última hora y tras rubricar la resolución, a los procuradores de los presos.
Pese al supuesto blindaje de Marchena para evitar las filtraciones del fallo, el sábado a primera hora se conoció que el tribunal había acordado por unanimidad condenar a nueve de los doce acusados por delitos de sedición y/o malversación de caudales públicos. Mientras que a los otros tres que están en libertad provisional por desobediencia -conlleva solo inhabilitación para empleo o cargo público-.
Por lo tanto, el delito de rebelión imputado por la Fiscalía del Supremo a Oriol Junqueras, Carmen Forcadell, Joaquim Forn, los ‘Jordis’ y el resto de líderes decae para la Sala. En síntesis, en el proceso secesionista de hace dos años en Cataluña no hubo un ataque contra el orden constitucional (rebelión) sino contra el orden público (sedición), primando así la tesis defendida en el juicio por la Abogacía del Estado frente a la del Ministerio Público y la acusación popular ejercida por Vox.
La abogada jefa de penal Rosa María Seoane, la paracaidista del ‘procés’ que sustituyó a Edmundo Bal -diputado de Ciudadanos en esta corta legislatura- tras cambiar la abogada general la acusación de rebelión por la de sedición en su escrito de calificación, reclamó las siguientes penas: entre siete y doce años de prisión para la docena de encausados.
La más alta (incluye doce años de inhabilitación) era para Junqueras como «cabecilla» del alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes. A ello le sumaba el delito de malversación por el gasto de dinero público en el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Sin embargo, la representante de los servicios jurídicos del Estado apreció un concurso medial de delitos para pedir una sola pena (más favorable al reo). Esto se estima cuando concurren dos acciones y dos resultados delictivos y cabe entender que uno (malversación) fue preciso para cometer el otro (sedición). Una tesis que confirmará la sentencia.
No obstante, el malestar por la filtración del fallo se hizo patente el sábado en la recepción del Palacio Real con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional. Marchena dijo sentirse «disgustado» en uno de los corrillos con los medios. Recordó que «no hay sentencia hasta el último minuto», cuando el último de los siete magistrados la firme, y que sería una «insensatez» por su parte confirmar los extremos de la resolución.
En el lado opuesto, el abogado Jordi Pina, defensor del expresidente de la ANC Jordi Sànchez y de los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull, mostró su «total asombro» y anunció que presentaría una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial si se confirman las filtraciones.
Más allá del contexto general que describe cómo se ha llegado a esta sentencia, la resolución tiene una carga política inusitada. Fijará la respuesta penal de todo un Estado al mayor desafío independentista en 40 años de democracia y marcará el relato del multitudinario referéndum ilegal el 1-O, plagado de cargas policiales, protestas masivas, una fallida declaración unilateral de independencia y la intervención temporal de la Generalitat con la aplicación, por primera vez, del artículo 155 de la Constitución.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, consciente de que la sentencia tendrá efecto directo sobre las elecciones del 10 de noviembre y el devenir de la relación con Cataluña a corto y medio plazo, tiene previsto leer un discurso institucional cuando se conozca la resolución. Según fuentes de Moncloa, el líder socialista llamará al diálogo y a la convivencia en la comunidad ante el temor a que la reacción política y social agrave la situación.