miércoles. 17.08.2022

El Supremo pide al Gobierno que evite su «colapso» por la falta de jueces

Reclama una reforma legal para no sobrecargar lo Contencioso, que espera miles de recursos

Situación «límite» en el Tribunal Supremo ante la imposibilidad de renovar las plazas de los magistrados jubilados. La Sala de Gobierno aprobó este lunes la propuesta del presidente de la Sala Tercera, César Tolosa, para la reorganización de sus secciones ante las vacantes existentes por la imposibilidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de realizar nombramientos discrecionales. Una limitación aprobada por el Gobierno para presionar al PP en la renovación del órgano de gobierno de los jueces. La Sala de Gobierno, presidida por Carlos Lesmes y que cuenta con representantes de todas las jurisdicciones, constató la situación «límite» en que se encuentra la Sala de lo Contencioso-Administrativo, encargada de revisar los recursos contras las decisiones del Gobierno o de las administraciones centrales. A partir del próximo abril, con las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, contará solo con 25 magistrados (incluido su presidente), lo que supone el mínimo legal para constituir sus cinco secciones, ya que cada una de ellas debe tener al menos cinco integrantes.

Además, para mitigar la «extraordinaria» carga de trabajo que ha comenzado a detectarse en la Sala, se acordó proponer una reforma legislativa del recurso de casación contencioso-administrativo «para dar una respuesta más rápida y eficaz a esa litigiosidad masiva», así como medidas específicas y temporales para afrontar esa situación y evitar el «colapso». En esa entrada de recursos destacan los que reclaman responsabilidad patrimonial del Estado derivada de las medidas para hacer frente a la pandemia, que el tribunal prevé que puedan alcanzar varios miles en las próximas fechas.

En relación a la reforma legislativa, que se elevará al Ministerio de Justicia a través del CGPJ, se propone modificar el artículo 64 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para que los juzgados o tribunales puedan suspender causas que presentan identidad jurídica sustancial con recursos pendientes de casación ante el Supremo, y hasta que el alto tribunal se pronuncie al respecto. La finalidad sería evitar que los juzgados y tribunales dicten sentencias que puedan resultar contrarias a la decisión que en el futuro pueda adoptar el Supremo, en aras de una mayor seguridad jurídica. Un segundo aspecto de la reforma propuesta afecta a la labor de la Sección de Admisión de recursos que, cuando detecte la existencia de un gran número de recursos sobre una cuestión similar, podrá acordar la admisión de uno o varios de ellos.

El Supremo pide al Gobierno que evite su «colapso» por la falta de jueces
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