El Supremo rechaza dictar medidas cautelares contra el exjefe del Estado al no estar imputado
La Sala de vacaciones del Tribunal Supremo ha rechazado la adopción de medidas cautelares solicitadas por la entidad soberanista catalana Omnium Cultural contra el rey emérito. La sala recuerda en una providencia que «nuestro sistema procesal no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición de investigado», como es el caso de Juan Carlos l.
Por el momento, sólo hay unas diligencias abiertas en la Fiscalía del alto tribunal para aclarar si el monarca cobró comisiones por su intermediación en la adjudicación del AVE a la Meca y si ocultaba en Suiza una fortuna opaca al fisco español.
Juan Carlos I, por tanto, no está oficialmente investigado (imputado), una condición que el rey solo adquiría si el alto tribunal decidiera abrir una investigación y citarle como encausado.
El martes, sólo horas después de conocerse la decisión del emérito de abandonar España, Omnium presentó ante el alto tribunal una petición para activar una búsqueda internacional a fin de conocer el paradero del exjefe del Estado, además de reclamar al Supremo que ordenara la retirada del pasaporte mientras no se confirme oficialmente su salida de España. De hecho, 48 horas después el paradero del emérito sigue siendo una incógnita, ya que ni la Zarzuela ni la Moncloa han revelado dónde está.
En un comunicado, la entidad que preside el encarcelado Jordi Cuixart pidió las instituciones involucradas que adviertan a Juan Carlos I de que su incomparecencia ante las autoridades «podrá provocar una orden de detención y la activación de los mecanismos de cooperación policial y jurisdiccional internacionales».
Además, la plataforma pidió al Supremo «máxima celeridad» para admitir a trámite la querella interpuesta hace un mes por Omnium en contra del rey emérito.
Fuentes jurídicas ya avanzan que el Supremo no admitirá a trámite esta querella en tanto la Fiscalía no aclare si hay indicios de que Juan Carlos pudo cobrar comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca.
El vicepresidente de Omnium, Marcel Mauri, aseguró el martes que la justicia española vuelve a mostrar «su escandalosa arbitrariedad» al permitir que el rey emérito abandone España de manera impune.
«Estamos -afirmó- ante un escándalo democrático mayúsculo, una auténtica operación de Estado que ha organizado la fuga del rey emérito con la participación activa del Gobierno».