Diario de León

El Supremo responde a Sánchez que no cabe el indulto total o parcial a los sediciosos

La Sala no ve razones de «justicia y equidad» y recuerda que los condenados mantienen su voluntad de reincidir

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Solo un día después de que el presidente del Gobierno mostrara su predisposición a indultar a los doce dirigentes condenados por el ‘procés’ secesionista en Cataluña de 2017 —«se tendrán en cuenta valores constitucionales como la concordia y el entendimiento y no la venganza o la revancha», dijo Pedro Sánchez— el Tribunal Supremo respondió con un informe final en el que rechaza de plano la concesión de la medida de gracia, total o parcial, al no apreciar razones «de justicia, equidad y utilidad pública».

Los seis magistrados que formaron parte del tribunal juzgador consideraron por unanimidad que no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueron castigados: entre nueve y 13 años de cárcel por delitos de sedición y malversación de caudales públicos y multa e inhabilitación en el caso de la desobediencia.

Explica la Sala que no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de los condenados y que los argumentos en los que se basan las peticiones de indulto realizadas por terceros «desenfocan el sentido de la medida porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y, además, pretenden que el Gobierno corrija la sentencia del Tribunal Supremo».

El informe afirma que las razones invocadas para respaldar la extinción total o parcial de la pena pierden cualquier justificación «cuando se presentan como presos políticos quienes han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus conciudadanos».

«No ha cumplido la finalidad»

El documento de 21 páginas, con ponencia del presidente de la Sala Segunda (de lo Penal) Manuel Marchena, concluye que la pena sólo deja de ser necesaria cuando ha cumplido con la finalidad que legitima su imposición. Y en este caso se aprecia, «sin necesidad de mayores esfuerzos argumentales», que este presupuesto no ha ocurrido con los doce condenados en octubre de 2019.

La Sala asegura que no se aferra a concepciones ya obsoletas acerca del significado de la resocialización del penado, sobre todo, cuando éste no comparte ni se identifica «con los valores sociales hegemónicos».

Recuerda que detrás de la actuación de Oriol Junqueras, Carme Forcadell y del resto de condenados «está la ruptura de las bases de la convivencia fruto de una decisión unilateral, apoyada en la engañosa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a construir un nuevo Estado que sólo existe en la imaginación de sus promotores». El tribunal destaca, además, que los condenados no han contribuido a justificar las razones «de justicia, equidad o utilidad pública que legitimarían el ejercicio del derecho de gracia» y que no puede hacer constar en su informe «la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento». «El mensaje transmitido en el ejercicio del derecho a la última palabra y en sus posteriores declaraciones públicas es bien expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática, asumiendo incluso que la lucha por su ideales políticosautorizaría la movilización ciudadana para proclamar la inobservancia de las leyes y la sustitución de la jefatura del Estado», subraya.

El informe cita a Jordi Cuixart, líder de la asociación independentista Omnium Cultural, que en su respuesta a la Sala afirma que todo lo que hizo lo volvería a hacer porque no cometió ningún delito. Esas palabras son para el tribunal «la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal».

De hecho, añade la Sala, «expresan una actitud antidemocrática, en la que la propia conciencia y el compromiso social que cada ciudadano suscribe le autorizaría a pulverizar las bases de la convivencia.

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