El Supremo tumba el Madrid Central pero Almeida seguirá cobrando multas
Era la mayor apuesta de la anterior corporación para restringir la circulación de los coches más contaminantes por el centro de la capital El Ayuntamiento ha impuesto 800.000 sanciones
Un cartel de Madrid Central, el plan de tráfico que el Supremo ha tirado. EMILIO NARANJO
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación de Ecologistas en Acción para mantener vivo Madrid Central, la herramienta impulsada por el anterior gobierno municipal, el presidido por Manuela Carmena, para perseguir con sanciones la circulación de los coches más contaminantes por el centro de la capital.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado ayer que Madrid Central continúa en vigor hasta que la sentencia que lo anula sea firme.
«Mientras no sea firme la sentencia, Madrid Central sigue en vigor. No podemos hacer nada al respecto. En el caso de que alguno circule por Madrid Central sin los supuestos previstos, el Ayuntamiento tramitaría la multa correspondiente», anunció.
El auto del Supremo viene a ratificar los argumentos esgrimidos por el grupo municipal del PP cuando recurrió Madrid Central en 2018. Entonces defendía que los 11,7 millones en siete años que costaba esta zona de bajas emisiones podían poner en riesgo la estabilidad financiera del Ayuntamiento de Madrid, que tiene un presupuesto anual superior a los 5.000 millones de euros. Precisamente a instancias del PP, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló algunos artículos que daban cobertura legal a Madrid Central al considerar insuficiente la memoria económica en relación con la puesta en marcha del proyecto.
A finales de julio de 2020, el TSJM anuló Madrid Central por «defectos formales» al estimar que «no se cumplió con el trámite esencial de información pública y con la imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza». Ante esa sentencia cabía recurso de casación y fue Ecologistas en Acción quien lo interpuso. Ahora, el Supremo ha tumbado ese recurso, lo que deja en el limbo las más de 800.000 sanciones impuestas en este tiempo.
La organización ecologista ha acusado al actual gobierno de José Luis Martínez-Almeida de acabar con uno de los emblemas de la anterior corporación «a pesar de ser una medida muy valorada por los madrileños y madrileñas y que demandan más barrios de la ciudad».
«Los intentos de desmantelamiento sólo habían sido frenados por los tribunales, algo que ahora ha cambiado con unas interpretaciones de la normativa bastante cuestionables», se lamenta Ecologistas en Acción.