El Supremo zanja que el PP se lucró pero cuestiona las referencias sobre la caja B
Sí, el Partido Popular se enriqueció gracias a la trama de corrupción pero «no puede afirmarse la autoría del PP como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular» porque la formación política como tal ni siquiera llegó a saber de esos ingresos.
Una de cal y una de arena. El Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Nacional que en la primavera de 2018 condenó a la formación que entonces lideraba Mariano Rajoy por haberse lucrado ilícitamente en algo más de 245.000 euros del dinero de la red de Francisco Correa. Sin embargo, el alto tribunal zanja que fueron «excesivas» las menciones que el tribunal de la calle Génova, convertido en «acusación», hizo sobre la existencia de la caja B de los populares. Unas referencias que, a la larga, desencadenaron el fin del Gobierno de Rajoy bajo la a sombra de años de financiación irregular.
Al margen de este asunto nuclear, el fallo del Supremo de 1.843 folios y dictado por unanimidad confirma en grandes líneas la sentencia en primera instancia y las condenas a los 29 imputados, aunque modula algunas penas de varios de los principales protagonistas de la trama. El fallo ratifica los 51 años para el cabecilla de la red, Francisco Correa, o los 14 impuestos a Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, pero reduce las condenas a Luis Bárcenas (de 33 a 29 años) o a su esposa, Rosalía Iglesias (de 15 años a 12). Mato, primera ministra de Sanidad de Rajoy, ve confirmada su responsabilidad como partícipe a título lucrativo, ya que ella y su familia se beneficiaron de 28.000 euros en regalos de Correa (viajes y fiestas, fundamentalmente).
Los magistrados no varían sustancialmente el relato de hechos que hizo la Audiencia Nacional. Esto es, el Grupo Correa creó un auténtico sistema de corrupción que manipuló la contratación pública a través de la relación con influyentes miembros del PP. La extensísima sentencia relata las andanzas entre 1999-2005 (la conocida como ‘primera época’ de ‘Gürtel’) de una verdadera «organización criminal» formada por las gentes de Correa y esos dirigentes del PP que se enriquecieron y desviaron dinero al PP incurriendo en todo tipo de delitos: cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, asociación ilícita, fraude a la administración pública, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales...
El Supremo da un varapalo importante a los jueces de primera instancia al entender que se sobrepasaron al dar por confirmada la existencia de una contabilidad paralela en el partido porque ese no fue el objeto del juicio y, sobre todo, porque no puede haber responsabilidad penal sin acusación o defensa. Y el PP nunca estuvo representado en ese proceso como persona física porque nunca se sentó en el banquillo al no estar acusado de haber cometido ningún delito, sino de haberse beneficiado del producto de ese ilícito sin ser consciente de ello.
El fallo del TS en el que confirma los doce años y 11 meses de cárcel para la leonesa Rosalía Iglesias (pese a que la Audiencia Nacional la había condenado a quince años y un mes) aboca a la mujer de Luis Bárcenas a entrar a la cárcel, un viaje que ya logró esquivar en verano de 2018 cuando fue condenada en primera instancia. En medios judiciales nadie duda de que la Audiencia Nacional ejecutará, ahora sí, la condena contra Iglesias, activando la posibilidad de que Bárcenas cumpla una vieja amenaza que lanzó hace una década: si su esposa llegaba a pisar la cárcel él tiraría de la manta y el PP temblaría.
Bárcenas, con una perspectiva larguísima de prisión, y con su mujer en la cárcel, que era lo único que le interesaba evitar, admiten en el PP, es una «bomba de relojería» ante la comisión parlamentaria.