La supresión de la sedición allana el pacto entre ERC y PSC en Cataluña

Con la supresión del delito de sedición, Pedro Sánchez se ha garantizado el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado. Ahora falta por saber si habrá intercambio de cromos y si Pere Aragonès aprobará sus cuentas con los socialistas y los comunes, reeditando una versión actualizada de los tripartitos de principios de siglo.

El acuerdo sobre los cambios en el Código Penal, que aún podría deparar alguna concesión más para los independentistas, como la reforma de la malversación, allana el camino al entendimiento entre el Govern y el PSC, pero no hay que darlo por hecho, porque republicanos y socialistas pugnan por ser la fuerza de referencia en Cataluña, serán rivales directos en las urnas en las municipales, especialmente en Barcelona y su área metropolitana, y las relaciones entre las dos formaciones no son buenas.

Aragonès afirma por activa y por pasiva que sus aliados prioritarios son Junts, la CUP y En Comú Podem. Con ellos querría aprobar los Presupuestos autonómicos. Los dos primeros, en cambio, no se dan por aludidos. Tras salir del Ejecutivo catalán, los de Puigdemont están ejerciendo una oposición dura. Han rechazado el acuerdo sobre el Código Penal y lo que no harán es salir al rescate parlamentario de Pere Aragonès, muy solo en estos momentos, con el único apoyo de los 33 diputados (sobre 135) de Esquerra. La Cámara catalana ha constatado esta semana, en una moción impulsada por los junteros, que ha perdido la confianza de la mayoría parlamentaria. Lo único que podría obligar a Junts a arrimar el hombro es que se está hundiendo en las encuestas y el temor a un adelanto electoral podría obligarle a cambiar de estrategia. La CUP ni siquiera ha acudido a las reuniones para empezar a discutir los Presupuestos.

Solo En Comú Podem se abre a negociar. El PSC, también, pero el Govern no le concede aún categoría de socio futurible, aunque ya está incluido en la ronda previa de contactos. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, vetó a los socialistas desde el argumento de que a su juicio no están comprometidos con la desjudicialización. Lo decía cuando aún no se había cerrado el acuerdo sobre la reforma del Código Penal. Con los días ha matizado su discurso. Ayer cargó las tintas contra el jefe de la oposición, Salvador Illa, y dijo que tiene un «largo camino por recorrer a la hora de reconciliarse con la sociedad catalana» y que mientras no lo haga las «posiciones están muy alejadas». La réplica de los socialistas fue que el PSC ha contribuido a que «algunos salgan de la cárcel».

El propio Aragonès ha reconocido que el cambio legal acordado supone un paso muy importante en la desjudicialización.

En el PSC creen que Aragonès ha estado hasta la fecha más preocupado en las elecciones municipales y en conseguir réditos en la mesa de diálogo que en aprobar las cuentas catalanas. En consecuencia, consideran que busca prorrogar los Presupuestos para evitar la foto del pacto con los socialistas en vísperas de los comicios locales. Los de Illa amenazan con una moción de censura si hay prórroga presupuestaria. Los republicanos temen el abrazo del oso del PSC: apoyo presupuestario, acompañado de presión al president para que adelante las elecciones. El PSC ganaría hoy las elecciones por delante de ERC, según la última encuesta del CEO de la Generalitat, que apunta a que Junts se hunde por salir del Govern y que el independentismo está pagando sus continuas peleas internas.

La reforma legal pactada entre el Gobierno y el Govern ha aumentado las distancias entre ERC y sus antiguos socios: Junts y la CUP, que fueron quienes invistieron a Aragonès. Una parte del independentismo, el más radical, anuncia una oposición beligerante contra el Ejecutivo catalán. Es el caso de la ANC, que ha convocado una manifestación el 6 de diciembre en Barcelona contra la reforma del Código Penal, pues entiende que penaliza la movilización y castiga hechos como el 1-O.