El TC hace oposición y tumba tres decretos emblemáticos del Gobierno en dos meses

El Tribunal Constitucional anuló el 13 de mayo el decreto que situaba a Pablo Iglesias, por su condición de vicepresidente segundo, en la comisión delegada del Gobierno para el seguimiento del Centro Nacional de Inteligencia. El 2 de julio dejó sin efecto el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única de Radiotelevisión Española. Y el martes invalidó varias disposiciones del estado de alarma decretado por el Gobierno en marzo de 2020, entre ellas el confinamiento domiciliario de la población.

Tres reveses en dos meses que han empujado a dirigentes socialistas a quejarse de que la corte de garantías se ha convertido en una caja de resonancia de la oposición contra el Gobierno para tumbar en esa instancia lo que no pudo frenar en su día en el Parlamento. En el PSOE atribuyen esa beligerancia a que el tribunal cuenta con una mayoría conservadora reflejo de otra época política, la surgida tras las elecciones de 2011 con una victoria aplastante del PP.

Además, cuatro de sus once miembros debían haber sido renovados en diciembre de 2019: su presidente y vicepresidenta, Juan José González Rivas y Encarnación Roca, y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés, que fueron designados por el Congreso en 2010. También se tendría que haber cubierto la vacante dejada por la dimisión de Fernando Valdés, que redujo de cuatro a tres la minoría progresista, formada ahora por Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol.

Aunque es cierto que los bloques no son monolíticos y hay trasvases de opinión en los debates, la mayoría conservadora se impone siempre, y así será mientras el PP mantenga su negativa a negociar la renovación.

El apoyo de los populares es imprescindible porque se requiere una mayoría de tres quintos del Congreso para la sustitución de los cuatro magistrados con su mandato vencido.

Los 52 escaños de Vox

Una circunstancia que Vox no ha dejado pasar. El partido de Santiago Abascal obtuvo en las últimas elecciones generales 52 diputados, dos más de los requeridos para poder presentar recursos ante el tribunal, y ha hecho uso intensivo de esta herramienta. Hasta nueve conflictos ha planteado ante el Constitucional en estos meses. Además de los referidos a Pablo Iglesias y el estado de alarma, Vox ha impugnado la ley de eutanasia, el segundo estado de alarma, la ley Celaá, la paralización de los nombramientos del Consejo del Poder Judicial y el decreto de protección de los consumidores ante la ocupación de viviendas, además de dos normas autonómicas de Galicia y Murcia.

Abascal ha exhibido como un trofeo político la sentencia contra el primer estado de alarma y ha exigido la dimisión del Gobierno en pleno a pesar de que fue el primero en exigir su instauración y reprochó a Pedro Sánchez su tardanza para establecerlo. «Más vale tarde que nunca», celebró el 14 de marzo de 2020 el anuncio del confinamiento.

Los decretos anulados por el Constitucional sobre la administradora única de RTVE y la presencia de Iglesias en la comisión del CNI, aunque tienen carácter emblemático para la coalición gubernamental por las personas y cargos afectados, no tienen efectos prácticos. Tanto Rosa María Mateo como el vicepresidente segundo habían renunciado a sus cargos cuando se conocieron los fallos. Pero entre los socialistas generó inquietud el argumento de los magistrados de que no concurría en ambos casos el supuesto de «extraordinaria urgencia y necesidad» para utilizar la vía del decreto ley.

Un razonamiento, alegan en el PSOE, que nunca se había aplicado con anterioridad para otros gobiernos de diversos colores que también utilizaron ese procedimiento para efectuar nombramientos. Una diferencia que a su entender alimenta la impresión de que el enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición ha impregnado el ámbito institucional.