La trama policial dirigida por Villarejo espió dos años a Bárcenas

El Cuerpo Nacional de Policía llegó a movilizar durante dos años a 71 agentes por encargo del Partido Popular para saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar Luis Bárcenas en sus amenazas de denuncia una vez que el extesorero ya había hecho pública la existencia de una contabilidad B en su antigua formación. Según los documentos sobre la ‘operación Kitchen’ que constan en el sumario de la última etapa del caso PP’ que ahora han visto la luz, el comisario José Villarejo y sus colaboradores no dudaron en usar los medios del cuerpo para cumplir con el encargo de los responsables populares y pusieron a trabajar en esta misión a decenas de agentes del Area Especial de Seguimientos, un equipo adscrito a la Unidad Central de Apoyo Operativo, dirigida entonces por Enrique García Castaño, ‘El Gordo’, investigado en la causa y persona de confianza del propio Villarejo y del entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, también imputado en esta pieza por el espionaje ilegal al extesorero y su familia.

De los documentos del sumario se infiere el miedo en el PP a que Bárcenas siguiera tirando de la manta. El temor se desató a inicios de 2013, poco después de que el 18 de febrero de ese año, según el extesorero, empleados del partido entraran en su despacho de la calle Génova y destruyeran sus ordenadores.

Su mujer y la abogada de ésta

Con el exsenador entre rejas desde junio, Villarejo ordenó entre 2013 y 2014 dirigir las pesquisas al entorno más cercano del preso por si en ese círculo se guardaban algún as en la manga y anticiparse a cualquier movimiento qperjudicial para el PP. El principal objetivo de los seguimientos parapoliciales fue la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, apodada ‘La Rubia’ por los agentes encubiertos, y que fue sometida a un estrecho marcaje, hasta el punto de describir cada día la ropa que llevaba -»viste camisa blanca con flores rojas en la parte delantera y pantalones rojos»- qué bolso usaba, dónde iba, quién la acompañaba.

Los agentes pagados con dinero público y que Villarejo reclutó también vigilaron los movimientos del hijo de Bárcenas e Iglesias, Guillermo, e incluso controlaron las visitas de la familia a la cárcel de Soto del Real para visitar al extesorero.

Además del entorno cercano de Rosalía Iglesias, el operativo de seguimiento se centró sobre otras personas como: el abogado Javier Gómez; la mujer de éste, la también abogada María Dolores Márquez de Prado; o la socia de Iglesias, Belén Rivas.

Vigilancias al chivato

A pesar de que Villarejo se había encargado de captar como confidente al propio chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, por 2.000 euros mensuales, el operativo parapolicial también sometió a vigilancias al chivato. Los documentos del sumario revelan que Ríos llegó a tener casi una relación empresarial con Villarejo, hasta el punto de que pasaba tickets de aparcamiento, restaurantes o taxis que cobraba aparte del sueldo como confidente. El dispositivo de espionaje costó al menos 53.266,22 euros, procedentes de los fondos reservados de Interior durante la etapa de Fernández Díaz. Las diligencias han podido acreditar un total de 25 pagos al chófer entre julio de 2013 y mayo de 2015.