Trapero tacha de «barbaridad» el ‘procés’ y se separa del soberanismo

Josep Lluís Trapero, como hiciera ante el Supremo el año pasado como testigo, negó de manera rotunda —ahora como imputado ante la Audiencia Nacional— ser el hombre del Govern para poner a los Mossos d’Esquadra al servicio del ‘procés’. El major, en su declaración con la que ayer se inició el segundo gran juicio por la intentona secesionista de otoño de 2017 y en el que están imputados otros tres exmandos de la policía autonómica, se volcó en tratar de poner tierra de por medio con todo lo que suene a independencia.

En su intento de marcar distancias con el soberanismo que le ha llevado al banquillo, Trapero llegó a tachar de «una barbaridad más» el procés, en concreto la declaración 1/11 del Parlament que en 2015 dio el pistoletazo al proceso constituyente de la República Catalana.

El imputado reveló supuestas maniobras de los soberanistas, no conocidas hasta ahora, para que no fuera nombrado jefe de los Mossos y no dudó en confesar que se sentía «muy incómodo» con esa «barbaridad» del proceso independentista. E, incluso, recordó que llegó a encararse con los exconsejeros de Interior Jordi Jané y Joaquim Form y preguntarles «a dónde iban» con su órdago independentista.

El exmando, ante las preguntas del fiscal Miguel Ángel Carballo insinuando que Trapero diseñó un ficticio despliegue policial que nunca intentó abortar el 1-O, defendió en todo momento que los Mossos sí que intentaron cumplir las ordenes judiciales de impedir la votación. Es más, incluso afirmó que la policía autonómica llegó a desalojar más de un centenar de colegios aquel domingo, aunque el imputado no supo decir por qué no hay una sola grabación de la policía catalana enfrentándose a los ciudadanos que ocupaban los centros.

«El 1-O fue el mayor esfuerzo que jamás han hecho los Mossos. Se sacaron funcionarios de debajo de las piedras», llegó a aseverar Trapero, que negó que los Mossos espiaran a policías y guardias civiles ese día.

«La forma en que la gente defendió aquellas urnas era poco imaginable», trató de excusarse el major, incapaz de explicar con solvencia qué sentido tenía enviar un simple binomio de policías para desalojar los colegios ocupados. Para subrayar sus discrepancias con el Govern recordó que se enfrentó el 26 y el 28 de septiembre de 2017, días antes del referéndum, con Puigdemont, al que, además de advertirle de que «con dos millones de personas en la calle y solo 16.000 mossos» podía «pasar cualquier cosa», le avisó de que «no se equivocasen con nosotros (los Mossos) porque íbamos a cumplir con la legalidad».

Pero, sobre todo, a lo largo de todo el día negó que su nombramiento como máximo responsable de los Mossos en 2014 fuera un movimiento anticipado para controlar el cuerpo con vistas al proceso soberanista que ya había comenzado a andar.

El exmáximo responsable del cuerpo afirmó que no tenía «ningún tipo de relación» con el presidente de la Generalitat del momento, Artur Mas. Sí la tuvo, sin embargo, con Carles Puigdemont, con el que compartía fiestas privadas.

Fue Puigdemont quien estaba al frente del Govern en abril de 2017 cuando fue promocionado a major. Sobre sus vínculos personales con el expresident huido en Bélgica Trapero no habló.

Trapero, que seguirá declarando hoy, trató de desligarse de uno de los capítulos más delicados del procés para los Mossos: el controvertido operativo de la policía autonómica el 20 de septiembre de 2017 ante el asedio de la muchedumbre a la Consejería de Economía, que en esos momentos estaba siendo registrada por la Guardia Civil.

Trapero, consciente de la trascendencia que la Fiscalía da a ese capítulo para intentar probar que había un plan en los Mossos para apoyar los movimientos de los soberanistas y dejar desasistido al instituto armado, se dejó la piel en negar cualquier connivencia con los concentrados. Adujo que en ese día había «diferentes focos» de incidentes en Cataluña («hasta 40», según el imputado ) y que los recursos de los antidisturbios eran «muy pocos» para «apagar esos fuegos».