Un tribunal avala el cartel de Vox contra los ‘menas’: es un «problema social»

La Audiencia Provincial de Madrid avaló ayer el polémico cartel electoral que Vox difundió la campaña de las elecciones a la Comunidad de Madrid. Se trataba de un pasquín en el que se comparaba el gasto público que supone la asistencia a los menores extranjeros no acompañados, conocidos con el acrónimo de ‘mena’, con la pensión de jubilación que recibe un mayor.

El tribunal de la sección segunda, con ponencia del magistrado Eduardo de Urbano, justificó el rechazo al recurso de la Fiscalía en que, «con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces», este colectivo representa «un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio».

En un auto de cinco páginas, la Sala considera que la libertad de expresión prima en este supuesto, más si cabe por los «excesos verbales» y «el contexto de la legítima lucha ideológico-partidista» en el contexto de una contienda electoral.

Pese a que se trataba de examinar un recurso contra la denegación de la medida cautelar por parte de un juzgado de instrucción de Madrid, en el que se reclamaba retirar el cartel por incitar al odio hacia un grupo «doblemente vulnerable», la Sala menciona cuestiones relativas al fondo del asunto.

Asegura «que en el orden penal están prohibidas las interpretaciones contra reo, cuando quepan otras explicaciones no necesariamente delictivas». Prosigue que «el cartel también puede interpretarse como un mensaje electoral a un colectivo mucho más numeroso que el de los ‘menas’, en el que se presenta una crítica gráfica y directa sobre la cuantía de las pensiones —en particular de jubilación o viudedad— en contraste con lo que se gasta en otras atenciones o finalidades, como es el sostenimiento de dichos jóvenes».

El fallo agrega que no cabe «tildar de delictivas la emisión de ciertas ideas, salvo que su finalidad sea amenazar, injuriar o menospreciar, es decir, que aun suponiendo una crítica, ésta es legítima si se expresa de modo que no persiga dichos fines ilícitos». Y concluye que «se trata de un eslogan electoral que, como tal, no permite considerarlo mediante un uso alternativo del derecho como unas ideas a prohibir mientras han de admitirse otras de signo contrario, pero tan criticables o más que éstas».

Aunque las cifras no sean reales

La resolución se conoce el día en que Vox criticó que la Junta de Extremadura, presidida por el socialista Guillermo Fernández Vara, continúe favoreciendo y facilitando la acogida de menas en la región, ya que ello a su juicio «provocará graves problemas de seguridad de los barrios más humildes». Además, lamentó que la llegada de estos menores supondrá «un desembolso de dinero», dado que son acogidos en los Cies, y «reciben una paga mensual que supera en algunos casos la pensión de viudedad».

El Ministerio de Derechos Sociales tiene previsto repartir con las comunidades los 27,7 millones de euros consignados en los Presupuestos Generales del Estado para el mantenimiento de estos menores extranjeros durante 2021. Si esa partida se reparte de manera equitativa entre los 12.417 inscritos, la subvención anual del Estado por cada uno de ellos es de 2.230 euros.

Por ejemplo, la Junta de Castilla y León, que tiene bajo su tutela a 88 de estos menores, tendría que recibir del Gobierno central 196.310 euros. De esta forma, se destinaría 185,9 euros al mes para la atención de cada uno de estos menores tutelados en esta comunidad, mientras que las pensiones medias de viudedad están en 739 euros al mes y las de jubilación, en 1.118 euros, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.