jueves 26/5/22
                      El rey, ayer, en una visita realizada a Galicia. LAVANDEIRA JUNIOR
El rey, ayer, en una visita realizada a Galicia. LAVANDEIRA JUNIOR

El decreto aprobado este martes por el Gobierno para dotar de más transparencia y ejemplaridad a la Casa Real establece que el Tribunal de Cuentas fiscalizará mediante una auditoría externa su actividad económica y financiera y en qué gasta su presupuesto.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la nueva regulación de la Jefatura del Estado un día después de que Felipe VI decidiera desvelar su patrimonio personal, cifrado en 2,57 millones de euros. El paso dado por el monarca tiene carácter voluntario, puesto que no está recogido en el decreto, en el que el grueso de las medidas son las que don Felipe ya implantó al comienzo de su reinado en junio de 2014, con el fin de renovar la Corona tras la etapa de Juan Carlos I, y que hasta ahora no tenían rango legal.

La principal novedad es que el Tribunal de Cuentas, dependiente de las Cortes Generales, examinará la contabilidad del Palacio de la Zarzuela, como ya hace con la gestión económica del Estado, de sus instituciones y de otras entidades que reciben fondos públicos.

En próximas fechas se va a firmar un convenio con el órgano fiscalizador para sentar las bases de la auditoría externa que ha de verificar «las imagen fiel del patrimonio y la situación financiera» de la institución monárquica, según ha explicado en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Esta medida refuerza la supervisión presupuestaria ya existente, puesto que la Intervención General de la Administración del Estado examina las cuentas de la Casa del Rey desde 2015 a través también de una auditoría externa.

El decreto establece como obligatorio que los altos cargos de la Casa del Rey han de publicar su declaración de bienes y patrimonio al asumir el cargo y a su marcha, además de ajustarse al código de conducta.

Otra de las medidas es que la Casa Real deberá a partir de ahora dar publicidad a todos los procedimientos de contratación que lleve a cabo, respetando la autonomía presupuestaria de la que goza Felipe VI para decidir en qué gasta el dinero asignado por el Estado. Entre las iniciativas que ya se venían aplicando por la voluntad del rey y que ahora pasan a ser una obligación está que todos los regalos que reciban los miembros de la Familia Real serán registrados para determinar si permanecen en la Casa Real, si van a Patrimonio del Estado o se donan a oenegé. El Gobierno también fija la información que la Zarzuela tiene que publicar en su página web, entre ella, la ejecución presupuestaria; los contratos suscritos; las retribuciones de los altos cargos, los regalos institucionales y la memoria anual de actividades.

También se estipula que la oficina de Intervención de la Casa Real la ejercerá un funcionario del cuerpo superior de auditores del Estado y que el consejero diplomático deberá pertenecer a esta carrera, y se formaliza que se puedan suscribir convenios con otras entidades.

El Tribunal de Cuentas analizará todos los gastos de la Casa Real
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