Diario de León

El tribunal inglés examina a Juan Carlos I por cinco años de acoso «exhaustivo» a Corinna

La demanda recoge presuntos casos de espionaje e intimidación entre 2015 y 2020 tras su negativa a devolver 65 millones al rey emérito

El rey emérito saluda a Corinna. EFE

El rey emérito saluda a Corinna. EFE

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Mateo Balín | Madrid
León

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El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, que ha admitido a trámite la demanda de Corinna Larsen contra Juan Carlos de Borbón, revisará el grueso de los hechos contenidos en su escrito relativos a una presunta campaña de acoso «exhaustivo» que denuncia la empresaria germano-danesa entre 2015 y 2020. Este lapso es el que h a acotado el juez Matthew Nicklin para resolver esta disputa «privada» y sentenciar si cabe una reparación millonaria por daños y perjuicios. 

En su resolución de 27 páginas conocida el pasado jueves, el magistrado deja fuera de la demanda todos los episodios anteriores a la abdicación del rey emérito, en junio de 2014, al estimar que mientras era monarca no gozaba de inmunidad para sus actos privados pero sí estaba blindado por la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución española y los convenios internacionales. Sin embargo, Nicklin resuelve que tras renunciar al trono no arrastró ese blindaje como «soberano» y miembro de la Casa Real española, como él defendía. En suma, el juez determina que Felipe VI es el único jefe de Estado y monarca con inmunidad absoluta sobre sus funciones públicas. Además, lanza un mensaje de calado al afirmar que el Estado español y Zarzuela pudieron haber aportado pruebas sobre el cometido institucional que tuvo Juan Carlos I tras su abdicación y el encaje constitucional pero no lo hicieron. 

El juez determina que Felipe VI es el único jefe de Estado y monarca con inmunidad absoluta sobre sus funciones públicas

De igual modo, Nicklin considera que es necesario reformular la demanda para que no atribuya al general Félix Sanz Roldán, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), intentos de mediación e intimidación entre septiembre de 2015 y noviembre de 2020 —un mes antes de presentar la demanda— en nombre del servicio secreto español, sino a título personal como enviado del rey emérito. Este asunto, que se resolverá este martes, es relevante porque centra el procedimiento civil en un conflicto privado y descarta examinar cualquier responsabilidad del Estado a través de la participación del CNI. La empresaria que mantuvo una relación íntima con don Juan Carlos entre 2004 y 2009 le acusa de haber incitado una «vigilancia exhaustiva» a ella o a su entorno, de intrusiones en sus viviendas de Mónaco e Inglaterra por parte de agentes del CNI o «mercenarios» subcontratados, de interceptar sus comunicaciones y de difamarla. 

Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía inglesa en al menos cinco ocasiones, a través de las pertinentes denuncias, y por carta ante los servicios de seguridad internos, el conocido como MI5, y los de inteligencia, el MI6. El origen de los seguimientos se ubica en septiembre de 2014, tres meses después de la abdicación. Larsen afirma que Juan Carlos I comenzó a viajar con mayor asiduidad a Londres y en una de estas visitas concertó una cita a tres con la presencia de su abogado suizo, Dante Canonica. Se vieron en el Hotel Connaught para zanjar la «donación» de 65 millones de euros que le hizo el monarca en abril de 2012 tras liquidar la Fundación Lucum. La sociedad panameña administrada por él y que nunca fue declarada al fisco. 

Larsen consideró que la transferencia fue amistosa e «irrevocable», pero el rey emérito reclamó su devolución así como la recepción de otros obsequios. Pero no hubo acuerdo. Las consecuencias «no serán buenas», le avisó el monarca por teléfono días después, según la demanda. El escrito recoge un segundo encuentro en el apartamento de Larsen el 4 de noviembre de 2014, en el que Juan Carlos de Borbón le exigió 200.000 libras por haber usado el dinero de Lucum para comprar un piso. Recoge, además, que el anterior monarca «trató de sobornar» al conductor de Larsen con la mediación de su jefe de escoltas, Vicente Mochales, y a la asistente personal de la empresaria, Noelia Muñoz. 

La noche del 11 de septiembre de 2018 iba a recoger su coche cuando vio a distancia a tres hombres junto al vehículo. Uno de ellos estaba sentado en el pavimento con sus piernas debajo del auto. Dijeron unas palabras en español y al percatarse de que habían sido vistos se fueron. De ello, infiere que trataron de colocar un dispositivo de rastreo o descargar información de la computadora del automóvil.

Disputa "privada"

El 4 de junio de 2019, tres meses después del último encuentro con el emérito en Londres, Larsen cogió un taxi Uber en Berkeley Square cuando a los pocos minutos vio que un BMW, matrícula «‘PA 1N’, le siguió hasta su casa. Posteriormente, el 11 de noviembre de 2020 un hombre de aspecto «mediterráneo» apareció frente a ella en Hereford Square y le dijo: «Hola, debes parar», en presunta referencia a sus acusaciones públicas a don Juan Carlos. En su finca de Shropshire, a tres horas al noroeste de Londres, también ocurrieron tres sucesos. El 21 de junio de 2017 Larsen dijo descubrir un agujero en la ventana de su dormitorio justo frente a su cama. En abril de 2020 dos disparos con balines impactaron en las lentes de la cámara de seguridad de la puerta delantera. Días después intentaron acceder sin éxito al sistema de grabación y en mayo siguiente se observó un dron sobre la finca.

Todos estos episodios serán examinados ahora por el juez para determinar el perjuicio sufrido. No obstante, Nicklin puntualiza que la demandante no ha presentado pruebas de lesiones físicas o psiquiátricas, por lo que el procedimiento se tramitará por «aflicción como consecuencia del acoso». 

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