El TS suspende el tercer grado a los presos del ‘procés’ porque da sensación de impunidad
Ninguno de los encarcelados ha cumplido ni la mitad de la condena y no podrán ya salir de prisión durante el día
Carmen Calvo y Pablo Iglesias entran esta semana en el Senado para la sesión de control. KIKO HUESCA
Los nueve presos del ‘procés’ tendrán que esperar encarcelados sin poder salir de prisión en régimen de semilibertad a trabajar o hacer labores de voluntariado y a dormir en casa durante los fines de semana.
El Tribunal Supremo les revocó ayer el tercer grado, al considerar que esta medida es «prematura». Todos ellos fueron condenados hace poco más de doce meses a penas de nueve a trece años de prisión por delitos de sedición y malversación, en algunos casos. Entre la prisión provisional y el cumpliemiento de pena, llevan en torno a tres años entre rejas, insuficiente para el Supremo para que se les conceda el tercer grado. Aunque el Alto Tribunal no fija el mínimo necesario.
La decisión afecta especialmente a Carme Forcadell y Dolors Bassa, pues son las únicas que estaban disfrutando aún de esta clasificación penitenciaria, ya que a todos los demás, a los otros siete reos, se les suspendió el tercer grado en el mes de agosto de forma provisional a la espera de la decisión del Supremo.
El independentismo cargó con todo contra la decisión judicial y habló de «sed de venganza», de «castigo» y de «vergüenza» por parte de la justicia española. «El Estado es una gran prisión», afirmó Raül Romeva.
La resolución también sirvió de combustible para la pugna entre ERC y JxCat. Los postconvergentes reprocharon a sus socios su apoyo al Gobierno en los Presupuestos. Así, Quim Torra criticó a quienes han apoyado las cuentas de un Estado que «encarcela y reprime».
La resolución pone en aprietos a Esquerra, tachada de colaboracionista por los más radicales y que ayer insistió en la amnistía y en la autodeterminación como respuesta al Supremo, pero presiona sobre todo al Gobierno central, pues en estos momentos la única vía de salida que les queda a los presos es la de los indultos o la reforma del delito de sedición. Dos propuestas que están ya sobre la mesa y que se abordarán «cuando toque», advirtió la vicepresidenta Carmen Calvo.
El Tribunal Supremo, que fue el tribunal que juzgó y condenó a los líderes secesionistas, argumenta, en los nueve autos dados a conocer ayer, que es preciso que transcurra un periodo de tiempo mayor que el que los presos llevan en prisión para evaluar adecuadamente su evolución y el tratamiento penitenciario, máxime cuando se trata de condenas elevadas (de 9 a 13 años de cárcel) de las que ninguno ha cumplido la mitad, recuerda, y la mayoría ni siquiera una cuarta parte.
El Alto Tribunal, por tanto, da la razón a la Fiscalía que se opuso al tercer grado de los nueve dirigentes secesionistas, porque generaba a su entender una «sensación de impunidad» hacia ellos.
El auto del Supremo, dictado por Manuel Marchena (presidente y ponente), Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer, supone un golpe muy duro contra los independentistas, pues les revoca también la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que suponía también un régimen de semilibertad dentro del segundo grado.
Los magistrados consideran que la concesión del tercer grado a un interno que no haya cumplido la cuarta parte de la condena (que es el caso de todos ellos salvo Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Joaquim Forn) es una medida «excepcional» y exige «una justificación reforzada». La Sala no pone en duda el buen comportamiento de los internos, su actitud plenamente colaboradora y su implicación. Pero la ausencia de arrepentimiento respecto a los delitos que cometieron ha sido un escollo insalvable para el Alto Tribunal.
El Supremo insiste en una idea que ya apuntó en la sentencia del 1-O: «Ninguno de los acusados en este procedimiento ha sido condenado por perseguir la independencia de Cataluña».
«Dinamitaron las bases de la convivencia promoviendo un alzamiento tumultuario con el objeto de demostrar que las resoluciones del Tribunal Constitucional y de los Jueces radicados en Cataluña ya no eran ejecutables», recuerda.
CRÍTICAS A LA GENERALITAT
El tribunal, además, carga con dureza contra la Consejería de Justicia de la Generalitat, que fue quien concedió el tercer grado a los nueve dirigentes secesionistas, y contra los juzgados de vigilancia penitenciario, que avalaron en su totalidad los permisos de la administración autonómica.
El Supremo advierte de que las decisiones adoptadas por la administración penitenciaria catalana no deben ir en la línea de «reinterpretar permanentemente» la sentencia de octubre de 2019, con un trato penitenciario «privilegiado e improcedente». De lo contrario, los órganos administrativos se convierten, a su juicio, en una «extravagante tercera instancia».
Asimismo, los juzgados de vigilancia cometen a su juicio un «error» «al dejar entrever que la estimación del recurso del Ministerio Fiscal implicaría exigir al interno que modificara su ideología».
«Nadie cumple condena en un centro penitenciario por sus ideas políticas», recalca el Supremo. Una prueba de ello, según el auto, es que el gobierno autonómico de Cataluña, en la actualidad, está presidido por dirigentes del mismo partido político que los internos.