jueves. 01.12.2022

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declaró ayer firme la sentencia del 25% de castellano en las aulas catalanas y el Govern tiene a partir de ahora un plazo de dos meses para ejecutarla.

En una resolución, el TSJC declara firme la sentencia pronunciada el 16 de diciembre de 2020 tras la inadmisión del recurso de casación de la Conselleria de Educación de la Generalitat ante el Tribunal Supremo, tras recibir de éste las actuaciones este 20 de enero.

La Generalitat tiene ahora un plazo de diez días para recibir la notificación de la sentencia y responder cómo ejecutarla y para que «indique el órgano responsable de su cumplimiento».

A partir del 20 de enero se ha activado el plazo de dos meses para ejecutarla como estipula el artículo 104 de la Ley contenciosa administrativa para ejecutar una sentencia firme.

«Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa», señala el artículo.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a su notificación, expresando la infracción en que la resolución hubiere incurrido a juicio del recurrente, y si no su cumpliesen los requisitos establecidos se inadmitirá mediante decreto directamente recurrible en revisión.

El Tribunal Supremo reafirmó la obligación de un mínimo del 25% de enseñanza en castellano dentro del sistema educativo de Cataluña que fijó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tras inadmitir el recurso de la Generalitat.

El Parlamento de Cataluña desafía a la Junta Electoral con su negativa a despojar del escaño a un diputado de la Cup condenado por desobediencia.

Pau Juvillà «agotará todas las vías jurídicas» y ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra la resolución de la Junta Electoral Central que ordena la retirada de su escaño.

Ayer, la JEC ordenó al Parlament de Cataluña que deje sin escaño al diputado de la CUP Pau Juvillà, secretario tercero de la Mesa de la Cámara, quien fue condenado a inhabilitación por no retirar unos lazos amarillos del Ayuntamiento de Lleida en 2019.

Juvillà ha apostado por utilizar esta causa para «defender la soberanía del Parlament». Según el diputado de la Cup, los servicios jurídicos del Parlament también presentarán un recurso contencioso ante el Supremo contra la retirada de su escaño

El TSJ de Cataluña da al Govern diez días para aplicar el fallo del castellano
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