La Udef pide investigar contratos de 5 ministerios del Gobierno de Aznar
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional solicita al juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa de la ‘Caja B’ del PP nuevas diligencias encaminadas a indagar en contratos por valor de aproximadamente 570 millones firmados por varios ministerios del Gobierno de José María Aznar con uno de los donantes del PP entre 2002 y 2004. En un informe policial de 24 de noviembre se indica que «con el fin de concretar» los indicios que se tienen propone investigar contratos de hasta cinco ministerios, de Adif, Aena y de Renfe (entre otros) para «allegar elementos indiciarios sobre el objeto» de la investigación. Para ello solicitan requerir a la Secretaría General Técnica o a su equivalente el contenido íntegro del expediente administrativo de contratación de cada una de las licitaciones que se enumeran y que corresponden a los ministerios de Fomento, Interior, Defensa, Educación y Medio Ambiente, entre otros organismos como la Confederación Hidrográfica del Tajo o del Guadalquivir, Renfe, Turespaña, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), Aena o Adif.
En su informe la Udef señala que el origen para pedir estas nuevas diligencias, que se instruyen en el Juzgado Central de Instrucción número 5 cuyo titular hasta la semana pasada era José de la Mata, está en el contenido de las declaraciones prestadas durante las sesiones del juicio oral de la conocida como Epoca I del caso PP por el empresario Alfonso García Pozuelo y el cabecilla de la trama Francisco Correa.
Una vez más, se trata de comprobar si las anotaciones registradas en la cuenta analítica de ingresos por donativo y su aplicación en concepto de gastos del Partido Popular, cuya llevanza realizaban el extesorero Alvaro Lapuerta y el exgerente y extesorero Luis Bárcenas, «corresponde a contraprestaciones abonadas a cambio de la realización de actuaciones ante el órgano adjudicador para conseguir que las empresas de los pagadores obtengan adjudicaciones de obra pública».
El empresario, propietario de la Constructora Hispánica, señaló en su declaración que el destino del dinero entregado a Correa eran organismos centrales, mientras que Correa definió su posición de intermediación para gestionar las demandas de las empresas hacia Luis Bárcenas,