Villarejo intentó anular la causa del pequeño Nicolás para archivarla
La operación Kitchen, el espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas, no fue el único plan de vigilancia sin autorización judicial montado desde la anterior cúpula policial. Hubo un segundo dispositivo para obstruir la acción de la justicia, presuntamente, que no estaba dirigido contra un investigado por corrupción, sino, mucho más grave, contra un grupo de policías responsables de una investigación en marcha que alcanzaba a los propios mandos del cuerpo.
La agenda personal del excomisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017, refleja claros indicios de los seguimientos que se hicieron al menos desde 2016 al grupo de la unidad de Asuntos Internos encargado del caso Nicolay (o ‘pequeño Nicolás’). El objetivo, según se desprende de estos documentos, era claro: boicotear las pesquisas, expulsar a los agentes que revelaron las actividades ilícitas de Villarejo y, en último extremo, buscar el archivo del procedimiento.
Así se desprende de los papeles del sumario de la operación Tándem, que instruye un juzgado de la Audiencia Nacional.
DOS AÑOS EN UN CAJÓN
Durante los tres años que la comisión judicial comandada por el inspector Rubén López trabajó en el caso Nicolay, desde octubre de 2014 hasta octubre de 2017 (a partir de abril de 2015 bajo la única supervisión del juez instructor Arturo Zamarriego para evitar injerencias), los mandos dirigidos por el comisario Eugenio Pino, entonces Director Adjunto Operativo, llevaron a cabo una serie de actuaciones para intimidar, presuntamente, a los investigadores con la intención de sacar a Villarejo de la causa.
Cualquier medio era bueno para lograr este fin, desde usar como avanzadilla al pequeño Nicolás, detenido en octubre de 2014 por hacerse pasar por miembro del Gobierno para su beneficio, hasta tirar de todos los contactos en la cúpula policial relacionados con Villarejo. También activar a «periodistas afines al objeto de crear un estado de opinión y coaccionar a los investigadores en el desarrollo de su trabajo», según se desprende de la querella presentada por el inspector López y que la semana pasada ordenó investigar la Audiencia de Madrid tras dos años guardada en un cajón.