lunes 01.06.2020

Internet como derecho básico

UN DERECHO CONSTITUCIONAL. El confinamiento por el Covid-19 y el nuevo funcionamiento de la sociedad y los servicios al que obliga ponen sobre la mesa la necesidad de hacer del acceso a la red un derecho constitucional
La profesora de Derecho Constitucional Tamara Álvarez Robles. FERNANDO OTEROLa dependencia de los medios digitales que pone en evidencia el confinamiento es un argumento más a favor de regular el derecho de acceso a internet. ramiro
La profesora de Derecho Constitucional Tamara Álvarez Robles. FERNANDO OTEROLa dependencia de los medios digitales que pone en evidencia el confinamiento es un argumento más a favor de regular el derecho de acceso a internet. ramiro

«Es necesario avanzar en el derecho de acceso a Internet», y elevarlo a la categoría de derecho constitucional. A la vez, cumplir con las obligaciones que tienen las instituciones para garantizar los recursos y la formación de forma que los ciudadanos tengan las mismas oportunidades, y actúen de acuerdo a los preceptos de la ciberseguridad.

Es la propuesta que defiende desde hace tiempo la profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Vigo Tamara Álvarez Robles, que realizó además su tesis doctoral sobre este asunto (El derecho de acceso a internet en el constitucionalismo español), participa en varios grupos y másters nacionales e internacionales de ciberseguridad y derecho digital.

Álvarez Robles llama de nuevo la atención sobre el debate con la realidad que ha puesto sobre la mesa el confinamiento por el coronavirus: ¿cómo sería nuestro día a día sin internet? Desde el teletrabajo hasta los estudiantes haciendo sus deberes on line, o todo el dispositivos sanitario y de seguridad comunicado digitalmente. Hasta quienes no sabían manejar un smartphone se apuntan ahora a las videollamadas. «La resiliencia hace parte de la superación de la brecha digital». Pero es mucho el camino que falta aún por recorrer para que el derecho de acceso a internet se cumpla en toda su extensión.

EL ESTADO DE ALARMA

«¿Os imagináis que pasaría si no tuviésemos internet durante nuestro estado de alarma? y ¿si se nos estropeasen nuestros dispositivos electrónicos?, ¿que no supieses encender un ordenador, o que aún encendiéndolo no supieses usarlo, configurar la conexión, etc.? Seguro que en estas situaciones los días de encierro serían como cumplir una condena de las de antes, y en algunos casos en su peor versión, en una especie de aislamiento total con la sola posibilidad de poner una televisión en la que parece que estamos en la película El día de la marmota repitiendo una y otra vez las mismas noticias», señala la profesora leonesa.

Que recuerda que en estos días de confinamiento «hasta mi madre ha aprendido a hacer una videollamada. Hay personas que hace un mes no querían oír hablar de cambiar el móvil, y ahora se comunican digitalmente con la familia y amigos, y están aprendiendo incluso a utilizar contenidos digitales para entretenerse».

Una realidad que hace a Tamara Álvarez Robles insistir en la defensa que hace en su tesis: «La necesidad de crear un precepto constitucional que contemple el derecho de acceso a internet desde una perspectiva plural: teniendo en cuenta la educación digital, la necesidad de que llegue a los colectivos menos favorecidos no sólo una conexión sino la tecnología necesaria (gratuidad), la regulación de las infraestructuras y servicios, así como la afectación a los derechos fundamentales clásicos, como la libertad de expresión, comunicación, información, honor, intimidad e imagen, entre otros. Y que sirva para regularlos y también para limitar constitucionalmente el mismo».

Recuerda que en los últimos meses, en la defensa de su trabajo, compañeros y amigos «planteaban sus dudas y sostenían que la constitucionalización del derecho de acceso a internet era imposible, cuando no injusta o utópica. Aunque muchos otros me han animado a seguir defendiendo esta teoría».

En este tiempo el Gobierno «animado por un conjunto de personas activas en esto y especialmente por el profesor Rallo Lombarte, quienes escuchan a la hoy criticada Unión Europea, pareció haber entendido la necesidad de ese derecho de acceso a internet al incorporarlo en la última reforma de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Sin embrago, aún no se atrevió a dar un golpe sobre la mesa de los constitucionalistas y decir ‘fundamental’ e ir más allá de ese planteamiento en el preámbulo que nos deja con la miel en los labios, con la dependencia excesiva de los ejecutivos, de las distintas administraciones».

UNA SOCIEDAD DIGITAL

Álvarez Robles pone algunos ejemplos de cómo esta necesidad digital afecta a los derechos fundamentales. «Si eres estudiante, ¿cómo te intentan hacer llegar los profesores el material por el cual tienes que estudiar, cómo se comunican contigo, cómo resuelves y envías tus dudas, prácticas e incluso te examinas?. Hablamos del derecho fundamental a la educación. Si eres investigador, administrativo, contable, gestor, arquitecto, abogado…de algún sector alegado de las tic... teletrabajas ¿verdad? Y, ¿cómo se comunican el personal sanitario, cómo se recogen y transmiten los datos de los pacientes, las informaciones del Covid-19, qué sucedería si un +día te levantas y no te funciona la tarjeta de crédito al ir a hacer la compra porque no hay conexión o porque hay algún error que lo impida? Incluso ante la posibilidad que los supermercados no puedan comunicar la necesidad de productos a las grandes empresas de logística que se encargan de la distribución de lo esencial estos días. ¿Qué hay de los miembros de las fuerzas armadas y de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Se comunican con dispositivos digitales, utilizando internet».

La profesora va más allá, y apunta «algunas preguntas incómodas: ¿Trabajas desde tu domicilio particular con tu dispositivo particular y con tu conexión particular? ¿Alguien, alguna institución pública te formó en competencias digitales? ¿Asististe a algún curso en el que te enseñasen algo de informática, de seguridad de las tic, ciberseguridad, a utilizar herramientas digitales? Seguro que sí, porque se prevé en la ya mencionada Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, de forma que desde hace un año la administración pública española en general, y en particular la educativa, es una especialista en la digitalización, podemos dar consejo al resto de estados que aún no lo han implementado. Pero, ¿es ello cierto? La realidad de nuestros días muestra cómo seguimos un poco mejor que hace un par de años, o en el mejor de los supuestos con la formación que nosotros mismos nos buscamos, pagamos, e incluso proporcionamos».

En este punto es en el que la profesora de Derecho Constitucional coloca «la lucha del derecho de acceso a internet, de que se garanticen esas competencias antes de que se exijan, aunque demasiado tarde dada nuestra situación. Habría que recordar que ‘pacto de buenas voluntades no es obligación’. Y predisposición es lo que todos tenemos estos días».

AVANCES

Ante esta circunstancia se plantea con más fuerza la propuesta que defiende Ta,ara Álvarez Robles. «Es necesario que defendamos y avancemos en el derecho de acceso a internet. Estas semanas estamos ante un ensayo de la especial trascendencia del mismo en nuestro estatus de ciudadanía, y es por ello que es necesario plantear todas estas preguntas y cuestione s». Además, reclama «empatía por esos colectivos que forman la brecha digital, de forma que se asegure que quien lo necesite para que disponga estos días esa conexión y esos dispositivos. Y que no se descuide la capacitación para que todos podamos estar conectados».

Por último, llama la atención sobre una necesaria «responsabilidad en el uso y abuso que todos hacemos de las redes, y conciencia en ciberseguridad». Además de reconocer la tarea del «sector tic, que nos está facilitando, de forma invisible para la gran mayoría, nuestro trabajo y garantizando nuestra seguridad».

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