Chile pone rumbo hacia una nueva Constitución y otro modelo de país
r. figueroa | santiago de chile
El acuerdo alcanzando la pasada madrugada entre las fuerzas políticas oficialistas y opositoras de Chile para abrir un proceso constituyente mediante un plebiscito aspira a lograr la paz social tras cuatro semanas de convulsión e inicia el camino hacia la construcción de un nuevo modelo de país. Los chilenos decidirán en un plebiscito en el mes de abril de 2020 si quieren una nueva Constitución nacida en democracia que sustituya a la actual, aprobada en 1980 en un cuestionado referéndum en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Esta Constitución concedió al Estado un rol subsidiario en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización, y se ha convertido en el centro de las protestas sociales que vive el país desde el pasado 18 de octubre y que han dejado al menos 22 fallecidos.
Con el acuerdo alcanzado, el Gobierno y la clase política esperan poder apaciguar la agitación social, que junto a masivas manifestaciones está generando fuertes disturbios, vandalismo y múltiples incendios y saqueos.
Además, sobre las fuerzas de seguridad recaen cientos de denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos y la economía corre el peligro de entrar en recesión en 2020 ante la disminución de la actividad y los daños que ha sufrido el comercio.
«Este acuerdo es un primer paso, pero un primer paso histórico y fundamental para empezar a construir nuestro nuevo pacto social. Estamos seguros de que nos permitirá reencontrarnos y construir un mejor país, un país más justo, más inclusivo y, lo más importante, un país más unido», dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
En el plebiscito de entrada, además de elegir si quieren o no una nueva Constitución, los ciudadanos deberán pronunciarse sobre qué tipo de órgano debiera redactarla, una «convención mixta constitucional», compuesta al cincuenta por ciento por parlamentarios y por ciudadanos electos para la ocasión; o una «convención constitucional», en la que todos sus integrantes serían electos para este efecto.
El nuevo texto será redactado desde una «hoja en blanco», sin tener como base la actual Constitución, como defendía parte del oficialismo para los casos en los que no se alcance el quorum de dos tercios que se estableció para aprobar todas aquellas normas y reglamentos que se quieran introducir. La elección de los miembros del órgano constituyente se realizará en octubre de 2020 conjuntamente con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal.
Este órgano tendrá un plazo de nueve meses para redactar la nueva Constitución, prorrogable una sola vez por tres meses más.
Una vez redactada la nueva Carta Magna, esta será sometida a su ratificación en otro plebiscito mediante sufragio universal obligatorio. «Queremos ponernos a la vanguardia de un verdadero contrato social con una Constitución cien por cien democrática», dijo el presidente del Senado, Jaime Quintana, al anunciar a los medios de comunicación el acuerdo, bautizado «Por la paz social y la nueva Constitución».
El pacto se logró tras dos largas jornadas de conversaciones entre las fuerzas políticas oficialistas y las opositoras, a excepción del Partido Comunista y del Federación Regionalista Verde Social, que no quisieron participar.
El Gobierno que preside Sebastián Piñera fue abriéndose poco a poco a la posibilidad de iniciar un proceso constituyente, hasta que el pasado domingo el ministro Blumel anunció la disposición del Ejecutivo a elaborar una nueva Carta Magna, que sería redactada por el Congreso y ratificada ahora mediante un plebiscito.