Diario de León

Una Colombia incendiada persigue el diálogo en busca de acuerdos de paz

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El Gobierno de Colombia y el Comité Nacional del Paro (CNP) se han citado para dialogar con la esperanza y el objetivo central de poner punto final a la grave crisis que afronta el país desde el 28 de abril, que ha provocado más de 40 muertos, la mayoría de ellos jóvenes, resultado de la fuerte represión policial sobre las manifestaciones que se han producido en todo el territorio.

Por las imágenes podría parecer Gaza. Pero no. Es Colombia. Convertida desde hace 18 días en un país incendiado y parado, y no por la covid-19 que ha dejado 80.000 fallecidos, sino por ciudadanos que se han lanzado decepcionados a la calle en protesta contra el Gobierno de Iván Duque y al que reclaman medidas que permitan acabar con la notable desigualdad.

Ha tenido que mediar la Conferencia Episcopal y la ONU para que el CNP y el Ejecutivo de Duque vuelvan a sentarse para dialogar sobre los puntos que lleven a un acuerdo que reclama todo el país. Hace unos días el presidente y representantes del Comité del Paro Nacional tuvieron una reunión en el Palacio de Nariño que resultó infructuosa. Lo primero que ahora exigen los líderes de las movilizaciones es el cese de la represión policial y una condena más severa y contundente contra el asesinato de manifestantes.

A esta exigencia se unió ayer la protesta de más de 50 congresistas de Estados Unidos que en una carta enviada al secretario de Estado, Antony John Blinken, solicitan la suspensión de la ayuda directa a la Policía de Colombia hasta que se observen mejoras reales en el uso de la fuerza y se asuma la responsabilidad judicial por los casos de brutalidad que se han evidenciado. «Las fuerzas de seguridad colombianas están más desatadas de lo que jamás hemos visto», añade la carta.

La imagen de Colombia hoy en día pudiera parecer la de un país en pie de guerra. La aparición de grupos de vándalos saqueando cajeros y comercios ha resultado un pretexto de los agentes para justificar sus acciones violentas contra la población civil. La oficina de las Naciones Unidas y varios grupos defensores de los derechos humanos han denunciado esta represión policial pero también la aparición de violencia sexual con algunas detenidas. La última, una joven de 17 años, en la ciudad de Popayán.

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