sábado. 04.02.2023

Las fuerzas de seguridad brasileñas ya han arrestado al menos a 400 personas vinculadas a los asaltos perpetrados este domingo contra los edificios de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo en Brasilia.

Miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro tomaron las sedes institucionales durante cinco horas mientras exigían una intervención del Ejército para acabar con el nuevo Gobierno del izquierdista Lula da Silva hasta que la Policía y los militares consiguieron recuperar el control con el apoyo de medios antiisturbios, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.

Los disturbios han abierto una profunda crisis en Brasil, cuyas primeras consecuencias no se han hecho esperar. Partidos y jueces abogan por calificar los hechos como actos de terrorismo y aplicar las máximas penas para los implicados, mientras el Ejecutivo de Lula ha decidido despojar a las autoridades de Brasilia de sus competencias en materia de seguridad ante la evidencia de que pudieron producirse cambios en el sistema de protección de las instituciones que facilitaron el asalto.

En otras palabras, más allá de una revuelta popular, crece la sospecha de un complot político para derrocar al presidente Da Silva, que estrenó su cargo hace ocho días.

Según el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, el Gobierno del Distrito Federal (con competencias administrativas plenas) pudo modificar algunos de los protocolos establecidos con el gabinete de Lula sobre la seguridad en la Explanada de los Ministerios y la plaza de los Tres Poderes, donde se ubican las sedes asaltadas.

Al parecer, las autoridades de este Estado levantaron la prohibición de que la gente pudiera entrar en la explanada, pese a que había sido acordada previamente por el Gobierno de Brasil ante el temor de que los bolsonaristas que acampan desde hace semanas pidiendo la disolución del nuevo Ejecutivo cometieran algún tipo de incidente.

"Aun así había, por parte del Gobierno del Distrito Federal, una visión de que esta situación estaría bajo control", explicó Flávio Dino. La apreciación quedó desmentida horas más tarde por los sucesos en las sedes institucionales.

En declaraciones recogidas por Agencia Brasil, el ministro también precisó que el cambio de protocolo no fue notificado a su ministerio y evitó hacer acusaciones directas.

En su opinión, "alguien" informó erronéamente al gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, de que la situacion era segura o analizó los datos de modo incorrecto.

No obstante, el ministro Alexandre de Moraes ha destituido fulminantemente a Ibaneis Rocha esta misma mañana, mientras persisten las sospechas de que en la brecha de control de la explanada pudo participar desde la distancia el secretario de Seguridad Pública de Brasilia, Anderson Torres.

El político fue ministro de Justicia con Jair Bolsonaro y estos días se encuentra precisamente con él en Florida. Torres, que ha sido cesado en su cargo, ha desmentido esta madrugada cualquier implicación en unos hechos que califica como "un caso de locura colectiva" y asegurado que este domingo "vivió el día más amargo" en su vida personal y profesional.

Investigar a los financiadores del "golpe" Lula da Silva ya ha firmado el decreto por el que su gabinete intervendrá hoy mismo el área de Seguridad Pública en el Distrito Federal, "con el objetivo de contener el grave compromiso del orden público, marcado por la violencia contra los edificios públicos".

La intervención se prolongará hasta el 31 de enero y la dirigirá el secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, Ricardo Cappelli, responsable de informar a partir de ahora directamente al presidente sobre el curso de las investigaciones y otras posibles operaciones policiales destinadas a evitar actos vandálicos. Cappelli presentará hoy un informe solicitando el apoyo de fuerzas militares para "garantizar la democracia".

Según los primeros datos oficiales, unas 200 personas fueron detenidas 'in fraganti' durante los asaltos y otro número similar habría sido arrestado entre la noche del domingo y esta pasada madrugada. Cuarenta autobuses utilizados por los manifestantes para llegar a Brasilia han sido incautados y es posible que decenas de autocares más sean interceptados en ruta mientras se dirigen a sus correspondientes Estados de origen.

El Gobierno tiene además fundadas sospechas de la existencia de "terroristas" infilitrados en las revueltas cuya misión era detonar artefactos explosivos en las sedes institucionales invadidas, lo que abrirá una nueva vía de investigación.

De hecho, senadores y jueces abogan por investigar los asaltos como "actos de terrorismo" y acusar de delitos de esta naturaleza a los implicados, que de momento se enfrentan a doce años de cárcel por quebrantar el orden constitucional.

La Presidencia de la República ha anunciado también la apertura de una investigación destinada a descubrir a las personas y grupos que han orquestado estos disturbios "y otros en todo el país para posibilitar un golpe de Estado", lo que refuerza la tesis de un complot contra el Ejecutivo.

La Policía tiene en su poder las matrículas de decenas de autobuses que trasladaron a los bolsonaristas. Además, está revisando las imágenes de la cámaras de seguridad instaladas en la plaza de los Tres Poderes y ha comenzado a estudiar las listas de clientes de hoteles y pensiones, así como los movimientos de miles de teléfonos móviles detectados en la 'zona cero' de los disturbios para mapear a sus propietarios.

Las medidas alcanzan ya al campamento que los manifestantes montaron hace semanas frente al Cuartel General de Brasilia y que se supone ha servido de plataforma para los asaltantes. Efectivos de la Policía y de la Policía Militar de Brasilia llevarán a cabo el desmantelamiento de estas instalaciones en una operación que, según 'O Globo', fue planificada este domingo de madrugada por los ministros de Defensa, José Múcio; Justicia, Flávio Dino; y Casa Civil, Rui Costa, con el comandante del Ejército Júlio César Arruda y altos mandos del Comando Militar del Planalto. Las fuerzas de seguridad están convencidas de que decenas de golpistas se refugiaron en el campamento después de ser desalojados de las sedes institucionales.

La jornada ha comenzado hoy en Brasil bajo el signo de la incertidumbre, el miedo y la incredulidad. No ha habido demasiados ciudadanos, y mucho menos políticos, que hayan dormido con calma, especialmente en el Distrito Federal donde estas últimas semanas se había acrecentado el temor a un golpe de Estado, el regreso a la dictadura o, cuando menos, a una oleada de atentados de extrema derecha.

Fuera de las calles, en el Legislativo, un grupo de senadores propondrá esta mañana la apertura de una comisión de investigación sobre los "actos de terrorismo" perpetrados por los bolsonaristas; una iniciativa que guarda grandes similitudes con la Comisión del 6 de enero organizada en el Congreso de EE UU para investigar el asalto al Capitolio en 2021.

Ya se especula con que, de aprobarse este comité, aparecerá a buen seguro el nombre de Jair Bolsonaro (el de Donald Trump lo ha hecho en el caso de la comisión del Congreso), a quien diversos analistas creen que los disturbios de Brasilia harán ahora un flaco favor, sobre todo tras su continuada tibieza respecto a las protestas de sus seguidores.

Lula también tiene hoy una agenda apretada. A la una de la tarde (hora española) abordará los ataques al Congreso, al Palacio del Planalto y al Tribunal Federal Supremo con la presidenta de este órgano, Rosa Weber. A las siete de la tarde hablará por teléfono con el primer ministro de Portugal, António Costa, y hora y media después conversará con el expresidente estadounidense Bill Clinton. Finalmente, ha convocado a las diez de la noche a todos los gobernadores en la sede presidencial para evaluar la crisis y estudiar iniciativas que reconduzcan la situación política en el país.

El asalto

Convencidos de que les robaron los comicios, miles de manifestantes exigieron el domingo una intervención militar para echar a Luiz Inácio Lula da Silva del poder, que tomó posesión hace una semana. El presidente de Brasil, que en el momento del ataque se encontraba en Araraquara, en el interior de Sao Paulo, asumió inmediatamente el control de la seguridad en la capital y advirtió que "los vándalos fascistas" y sus financiadores "serán identificados y castigados".

Mientras tanto, Bolsonaro reaccionaba con tibieza desde Estados Unidos a la actuación creada por sus simpatizantes en Brasilia. "Las manifestaciones pacíficas, dentro de la ley, son parte de la democracia.

Sin embargo, el vandalismo y las invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla", manifestó el exmandatario en sus redes sociales.

Los gobernadores más conservadores ya habían condenado el ataque antes de que diera señales de vida el expresidente. Y el Partido Liberal, el de Bolsonaro, ha intentado desvincular a su líder de la invasión.

"Este movimiento en Brasilia hoy es una vergüenza para todos nosotros y no representa a nuestro partido, no representa a Bolsonaro", ha declarado en un vídeo Valdemar Costa Neto. Antes de condenar el asalto, Neto ha elogiado las protestas golpistas ante los cuarteles.

Ese doble discurso es similar al mantenido por Bolsonaro en los últimos meses con condenas puntuales en los momentos más graves pero alabanzas a un movimiento que pide un golpe de Estado.

Lo ocurrido en Brasil demuestra que Donald Trump ha hecho escuela. Sus ideas y sus hechos se han extendido a lo largo del planeta y han atraído a miles de seguidores en los sectores más radicales de la derecha política. Imitadores que rentabilizaron las enseñanzas del expresidente estadounidense para acceder al poder en sus respectivos países y copias exactas incluso a la hora de abandonarlo.

Quizá fue Jair Bolsonaro su alumno más aventajado. Consiguió dirigir Brasil rodeado de polémica y se marchó como un ídolo, negando la victoria de su rival -Luiz Inácio Lula da Silva- e instando a sus seguidores a rechazar la derrota de las urnas en las calles y a recurrir incluso a la fuerza para que él pudiera retener el cargo.

Si el 6 de enero de 2021 Trump lanzó a sus hordas hacia el Capitolio, este domingo fueron los seguidores de Bolsonaro quienes tomaron el Congreso brasileño tratando de revertir lo que la democracia había determinado. Ocurrió sobre las cuatro de la tarde -cuatro horas más en España-.

A esa hora, cientos de personas, muchas de ellas ataviadas con la camiseta de la selección brasileña, aprovecharon una manifestación ilegal convocada para pedir una intervención militar para derrocar a Lula y ocuparon la Explanada de los Ministerios, sede de las distintas administraciones públicas y penetrar en las instalaciones del Congreso Nacional. Una vez derrotada la débil resistencia del cordón policial compuesto por agentes del propio Legislativo y de la Fuerza Nacional de Seguridad que protegía el edificio, accedieron primero a los jardines, luego a la rampa de acceso y al techo, y finalmente al interior de la sede de la democracia brasileña, donde extendieron el caos y el destrozo sin ninguna oposición.

Los vídeos que circulan por las redes sociales muestran a los asaltantes en el pleno del Congreso, destrozando mobiliario y rompiendo cristales de los edificios modernistas. Las instalaciones del Tribunal Supremo, otro de los grandes objetivos de la ira bolsonarista, han sido ferozmente atacadas. Las imágenes recuerdan poderosamente a las escenas vistas durante el asalto al Capitolio de Washington.

Enfrentamientos

De nada sirvió que los miembros de las fuerzas de seguridad recurrieran a gases lacrimógenos, bombas aturdidoras o gas pimienta para dispersar a los defensores de las tesis golpistas, que portaban banderas del país y, en muchos casos, estaban armados con palos. Los manifestantes mostraron pancartas donde podían leerse 'Lula en la cárcel', 'Intervención militar', 'Supremo es el pueblo' y 'Bolsonaro presidente'.

Algunas vías y carreteras de Brasil amanecieron bloqueadas este lunes tras el ataque realizado el domingo por miles de bolsonaristas radicales a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en un intento de derrocar al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Según el último boletín de la Policía de Carreteras, el tránsito ya fue liberado en varias vías pero permanecen obstruidas dos en el municipio de Novo Progreso, en el estado amazónico de Pará (norte), y otra en Matupá, ciudad del estado de Mato Grosso (centro).

Desde la noche del domingo seguidores del ahora expresidente Jair Bolsonaro bloqueadas carreteras en los estados de Paraná, Mato Grosso, Sao Paulo, Pará, Minas Gerais, Santa Catarina, después de que las autoridades retiraran a los atacantes que dejaron en condiciones deplorables las sedes de los tres poderes.

La víspera varios bolsonaristas radicales también intentaron bloquear la distribución de combustibles en el estado de Paraná, en el sur del país, en la refinería que tiene la petrolera estatal Petrobras en el municipio de Araucária.

La Federación Única de los Petroleros (FUP), un poderoso sindicato del sector, informó la víspera que había alertado de "posibles actos terroristas" en refinerías de Petrobras "en todo el país", con base en amenazas difundidas por las redes sociales.

El sindicato señaló que uno de los principales objetivos era la refinería de Duque de Caxias, en Río de Janeiro, pero hasta el momento no se han registrado bloqueos o actos violentos en el lugar.

El domingo por la tarde miles de radicales que no reconocen el resultado de las elecciones del pasado 30 de octubre organizaron la invasión de las sedes de los tres poderes para tratar de derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En los palacios invadidos, los radicales causaron cuantiosos daños, destruyeron mobiliario, equipos informáticos y obras de arte colocadas en los despachos.

La Policía dispersó a los manifestantes unas cuatro horas y media después del comienzo del ataque coordinado, por el que hasta el momento han sido arrestadas unas 1.500 personas.

Solidaridad Europea

Los máximos responsables de las instituciones europeas condenaron este lunes con firmeza el asalto al Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial de Brasil, que consideraron un "ataque a la democracia" y trasladaron su apoyo al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

El asalto a las más altas instituciones federales de Brasil "es una gran preocupación para todos nosotros, defensores de la democracia", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a través de su cuenta oficial en Twitter.

Von der Leyen expresó su "pleno apoyo" al presidente de Brasil, Lula da Silva, "que fue elegido de manera libre y justa".

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, condenó también "con firmeza" el "asalto a las instituciones democráticas en Brasil" y expresó su "pleno apoyo" a Lula Da Silva, "elegido democráticamente por millones de brasileños a través de unas elecciones justas y libres", dijo en un tuit.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se expresó en los mismos términos.

"Profundamente preocupada con lo que está pasando en Brasil. La democracia debe ser siempre respetada", señaló Metsola.

Añadió que la Eurocámara está con el Gobierno de Lula y con "todas las instituciones elegidas de manera legítima y democrática".

El domingo, en nombre de los Veintisiete, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ya había manifestado su "pleno" apoyo al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y condenado en los términos "más enérgicos" el "ataque" a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia.

"La UE reitera su pleno apoyo al presidente Lula y al sistema democrático brasileño y expresa su solidaridad con las instituciones democráticas objeto de este ataque", afirmó Borrell.

Miles de partidarios de Bolsonaro invadieron el domingo la sede del Congreso Nacional y sucesivamente, el Palacio de Planalto, sede del Gobierno, y el edificio del Tribunal Supremo en la capital brasileña.

Los radicales, que no reconocen el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 30 de octubre en las que Lula se impuso a Bolsonaro por estrecho margen, piden una intervención militar para derrocar al presidente brasileño

Desalojan por la fuerza el campamento de bolsonaristas donde se han ocultado los...
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