Duterte firma una polémica ley antiterrorista que pone en riesgo libertades civiles
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, rubricó ayer la polémica ley antiterrorista, muy criticada por partidos de la oposición y grupos de derechos humanos que consideran el texto como un intento de perseguir el activismo político y silenciar a la disidencia.
La Cámara de Representantes dio luz a la propuesta de ley hace un mes, mientras que el Senado aprobó en febrero el texto convertido hoy en ley, que algunos críticos han comparado con la controvertida ley de seguridad nacional para Hong Kong impuesta por China.
La nueva ley amplía el rango de delitos imputables como terrorismo, tales como «amenaza o incitación a cometer actos terroristas», punibles con 12 años de prisión, provisión que, según expertos legales, busca castigar el disenso, ya que se podría catalogar terrorismo cualquier protesta contra el gobierno.
La nueva ley sustituye a la Ley de Seguridad Humana de 2007 y, entre otras modificaciones, extiende el tiempo que un sospechoso de terrorismo puede permanecer detenido sin orden de arresto, al pasar de los 3 días en la actualidad a 24.
Además permite que sea un comité formado por oficiales del gobierno y las fuerzas de seguridad el que emita órdenes de arresto, en vez de los tribunales, algo anticonstitucional según algunos expertos.
«Agotaremos todos los procesos legítimos para doblegar esta ley draconiana. Es la legislación más impopular y peligrosa que puede impulsar un gobierno obsesionado con el poder», señaló el secretario del Sindicato Nacional de Abogados, Edre Olalia.
El magistrado retirado Antonio Carpio, uno de los padres de la Constitución de 1987, ha declarado que muchas provisiones del texto violan la Carta Magna y, junto con otros juristas, se ha comprometido a recurrir la ley ante el Tribunal Supremo.