Francia investiga el desalojo violento de inmigrantes
Centenares de personas pedían más refugios de emergencia en París
Desalojo policial del campamento en París. CHRISTOPHE PETIT TESSON
El titular francés de Interior, Gérald Darmanin, ha pedido a la Inspección General de la Policía Nacional que investigue el violento desalojo de un campamento de migrantes en París, tras la polémica suscitada por las imágenes de esa operación difundidas en las redes sociales. El propio ministro las calificó de «chocantes», y algunos de los hechos como «inaceptables».
La intervención policial se produjo el lunes por la noche. Centenares de migrantes habían montado ese mismo día tiendas de campaña en la céntrica plaza de la República para reclamar más refugios de emergencia. La mayoría de ellos afganos, vivían antes en un campamento en Saint-Denis, a las afueras de la capital, que también fue disuelto. Una semana después, muchos de ellos seguían durmiendo en la calle.
Los agentes utilizaron gases lacrimógenos para dispersarles por la fuerza. En los vídeos, se puede ver a policías levantando las tiendas de campaña, incluso con personas todavía en su interior; a otro poniendo la zancadilla a un joven que huía o a un periodista que grababa las escenas inmovilizado en el suelo por uniformados y golpeado con una porra.
Los hechos se producen en medio de un encendido debate en el país sobre la proposición de ley de Seguridad Global.
El artículo 24, el más controvertido, prevé limitar la difusión de imágenes de las fuerzas del orden para evitar que sean utilizadas en campañas de odio en las redes sociales. Sus detractores temen que esta ley fomente la impunidad policial y limite la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de informar y estar informado.
El primer ministro, Jean Castex, anunció ayer que pedirá al Consejo Constitucional que examine ese artículo ante la fuerte oposición de periodistas y organizaciones pro derechos humanos.
Y es que ayer mismo, los diputados franceses dieron su primer visto bueno a la polémica proposición de ley, que prevé sancionar en algunos casos la difusión de imágenes sobre la actuación de las fuerzas del orden. El texto, que había sido presentado por el partido gubernamental, La República en Marcha (LREM), y por su aliado Actuar, recibió 388 votos a favor, 104 en contra, entre ellos del Partido Socialista, y 66 abstenciones.
Prevé sancionar con un año de cárcel y 45.000 euros de multa la difusión del rostro o de cualquier otro elemento de identificación de las fuerzas del orden cuando esto pueda implicar un perjuicio a su integridad física o psicológica.