El Gobierno británico endurece la ley para frenar la inmigración ilegal
Boris Johnson con Merkel, en Londres la pasada semana. ANDY RAIN
El Gobierno británico condenará a cadena perpetua a los traficantes de inmigrantes y a penas de hasta seis años de cárcel a quienes hayan sido deportados y regresen a Reino Unido. De esta forma cambiará la ley para que los botes de la Border Force (Fuerza Fronteriza) puedan detener y requisar los que los transportan por aguas del Canal de la Mancha, evacuar a sus ocupantes y retornarlos a su costa de origen. Este paquete de medidas propuestas se incluye en un proyecto de ley introducido este martes en el Parlamento británico. También incluye el castigo con restricciones de visados a los países que se nieguen a aceptar el envío de deportados, así como la reducción de los servicios públicos a los que tendrán acceso quienes piden estatuto de refugiado pero no han utilizado los canales legales y además el envío temporal a otros lugares mientras se procesan los casos.
La existencia de abogados oportunistas que explotan el sistema judicial para obstaculizar las deportaciones fue denunciada repetidamente por la ministra de Interior, Priti Patel.
El proyecto de ley pretende agilizar los trámites, reduciendo plazos de recurso o sancionando la presentación de solicitudes con diferentes nombres.