La justicia británica frena la entrega de Assange por riesgo de suicidio
La magistrada está «convencida» de que sería condenado en EE UU y que su salud mental peligra
Una manifestante pide la liberación de Assange. STEPHANIE LECOCQ
Julian Assange ha ganado la primera etapa judicial de su lucha contra la extradición a Estados Unidos debido al deterioro de su salud mental, que incluye el riesgo de suicidio. Al menos ese es el argumento principal utilizado por la magistrada británica Vanessa Baraitser en su esperada sentencia dictada este lunes, que supone un jarro de agua fría para las pretensiones de la Administración norteamericana.
Esta jueza de distrito hizo referencia al diagnóstico de varios psiquiatras y expertos en trastornos mentales que examinaron al fundador de WikiLeaks, además de revisar su historial clínico y el de su familia. También tuvo en cuenta informes de los funcionarios de la prisión de alta seguridad de Belmarsh, donde está recluido desde abril de 2019.
Así, Baraitser no dudó de que Assange sería encarcelado en régimen de aislamiento y otras «medidas especiales» hasta la celebración de un juicio en el Estado norteamericano de Virginia, después de un probable verdecito desfavorable a sus intereses. Por consiguiente, se declaró «convencida» de que «la salud mental del señor Assange se deteriorará hasta el punto de que se suicidará» si es entregado a las autoridades estadounidenses.
Los abogados de la Fiscalía británica —que se han alineado en este caso con las tesis de EE UU— confirmaron la intención de la Administración estadounidense de apelar contra la decisión del tribunal de primera instancia.
En todo caso, ambas partes acordaron demorar hasta mañana la presentación de argumentos en favor y en contra de la puesta en libertad provisional, bajo fianza y condicional, del todavía reclamado por la Justicia de EE UU. Assange fue convocado a asistir personalmente en esa próxima audiencia, prevista esta vez en la Corte de Magistrados de Westminster, en que se decidirá su futuro inmediato.
En contra de la medida de gracia persiste la experiencia de 2012, cuando el australiano burló las condiciones de su libertad y se refugió en la embajada de Ecuador después de perder todos los recursos contra su extradición Suecia por alegaciones de agresión sexual, que finalmente fueron desestimadas. Los jueces británicos rara vez rechazan solicitudes de extradición de EEUU. Entre las excepciones previas destacan dos casos de pirateo informático que el propio abogado de Assange, Edward Fitzgerald, defendió hasta la victoria final en sendas ocasiones. Ambos reclamados recuperaron la libertad, en apelación o por intervención ministerial, debido a su vulnerabilidad mental.
«Alucinaciones psicóticas»
Psicólogos y psiquiatras testificaron que el patrón de WikiLeaks sufre «depresión recurrente, con alucinaciones psicóticas, de moderada a muy severa, y episodios suicidas». También padece el síndrome de Asperger, según el especialista en autismo, Quinton Deeley. Es precisamente el mismo tipo de trastorno mental que contribuyó a la derrota de la solicitud de extradición de los ‘hackers’, Lauri Love y Gary McKinnon.
El juicio contra Assange en Reino Unido se desarrolló en dos etapas distintivas. Primero, la presentación del caso por parte de ambos equipos legales durante dos semanas del pasado mes de febrero. Después, los testimonios orales y escritos de médicos, funcionarios, analistas, académicos y otros expertos entre el 7 de septiembre y el 1 de octubre.
La magistrada concluyó las vistas públicas sin dar tiempo para que los respectivos abogados expusieran sus alegatos finales, que presentaron por escrito antes de finales de año. El departamento de Justicia de EEUU reclama la entrega del exdirector de WikiLeaks para juzgarle por supuestas infracciones de la Ley de Espionaje de 1917 y por un delito de pirateo informático, que conllevan penas de hasta 175 años en prisión.
El auto de acusación, que fue ampliado en al menos tres ocasiones a lo largo del proceso judicial, enumera hasta diecisiete cargos de «conspiración para obtener y divulgar información de la defensa nacional» y un presunto delito de «intrusión informática». El primer grupo de imputaciones deriva de la publicación en el portal de WikiLeaks, en 2010 y 2011, de unos «250.000 cables sin editar» del departamento de Estado norteamericano; «75.000 informes de actividades» durante la guerra de Afganistán; 400.000 de las acciones en Irak; y unas 800 evaluaciones de los detenidos en la base de Guantánamo.
El tribunal de Alejandría, del mismo distrito del Estado de Virginia, también acusa a Assange de «alentar y ayudar» a la exanalista militar Chelsea Manning a romper códigos informáticos a fin de «obtener ilegalmente» archivos clasificados. «Son cargos criminales ordinarios . el periodismo no es una excusa para delinquir», argumentó James Lewis, el abogado fiscal que representa a EE UU en ese procedimiento judicial.
Lewis incidió en que «no es un juicio de los hechos», sino que la jueza únicamente debería considerar si la solicitud estadounidense se ajusta a la ley británica de extradición, de 2003. El abogado disputó incluso la posición de la defensa de Assange, que fijó como referencia el tratado de extradición entre EE UU y Reino Unido, donde se menciona específicamente la cuestión política entre los motivos que bloquearía la entrega del reclamado.
A su vez, desde las bancadas opuestas, Fitzgerald apuntaló la defensa del australiano en el móvil político de la persecución del fundador de WikiLeaks y la violación de sus derechos humanos.