Diario de León

Migrantes expulsados por la violencia acaparan la frontera norte de México con EE UU

Migrantes durmiendo en la calle de México. JUAN MANUEL BLANCO

Migrantes durmiendo en la calle de México. JUAN MANUEL BLANCO

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Pese a que este año la Secretaría de Gobernación (Segob) detectó un incremento del 32% de «personas en situación migratoria irregular», en la fronteriza Tijuana, al norte de México, los que acapararon los albergues y las instancias de apoyo fueron los migrantes desplazados por la violencia y el crimen organizado de estados mexicanos como Michoacán y Guerrero.

Activistas consultados por Efe coincidieron en que este año el flujo de estas personas incrementó hasta en un 50 %, en comparativa con el año pasado, como lo hizo saber José María García Lara, director del albergue Movimiento Juventud 2000, quien consideró que «esto es una clara muestra de lo grave de la problemática de violencia que tiene el país». Para el activista, el dato del incremento en cuanto a población migrante de otros países es revelador porque es señal de que sigue saliendo la gente de sus lugares de origen pese a las inhibiciones que el gobierno de Estados Unidos está realizando para procesar solicitudes de asilo.

Sin embargo, consideró también que «al ser detectadas por autoridades nacionales quizá ni alcanzaron a llegar a la frontera».

«Lo preocupante es que este año tuvimos un incremento de mayor consideración con los desplazados por la violencia, principalmente de estados como Michoacán y Guerrero, pero eso no lo contabiliza el Gobierno federal porque es interno y no lo están asumiendo por ello», dijo.

El pastor Albert Rivera, director del albergue Ágape Misión Mundial coincidió, pues se dijo sorprendido de que la mayoría de inmigrantes y refugiados que llegan a Tijuana son mexicanos.

«Hay más gente mexicana pidiendo asilo que gente de Guatemala, Honduras, El Salvador, lo cual es preocupante», comentó.

Mil migrantes

Rivera detalló que, tan solo en 2021, en su albergue atendieron alrededor de 1.000 migrantes procedentes de estados como Michoacán y Guerrero, «y este año fácil hemos atendido alrededor de 3.000, lo cual habla de un incremento de más del 50 %, y muchos de ellos, en familias completas a las cuales amenazaron, secuestraron, asesinaron y torturaron». «Es una situación gravísima. Uno, pensando mal, pensaría que hay un interés político en que haya más desplazados porque se van las personas y se obtienen remesas y el presidente ha presumido mucho de ello», señaló.

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